Demandamos atención integral a mujeres víctimas de violencia

Entre enero y junio del 2018 se han producido 70 feminicidios y 141 tentativas, 40% más que en el mismo número de meses del año pasado, situación alarmante que demuestra la falta de políticas efectivas para combatir la violencia hacia las mujeres.
«Es fundamental evaluar cómo están respondiendo las instituciones a esta problemática, en especial los Centros de Emergencia Mujer (CEM), las comisarías y el sistema de justicia», manifestó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, frente al grave escenario de agresiones constantes a las mujeres en el país.
Como se sabe, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, especialmente desde los CEM viene atendiendo esta problemática, la cual se agrava cuando en las comisarías no se protege de manera inmediata y adecuada a las denunciantes, dejándolas a merced de sus agresores. Incluso, muchas de estas denuncias no son investigadas con diligencia y llegan a archivarse, generando una situación de impunidad para los agresores e indefensión para las víctimas.
Precisamente, la Defensoría del Pueblo, en el marco de una supervisión nacional a los 296 CEM en todo el país, ha culminado la etapa de visitas y aplicación de instrumentos en lo que va de julio del presente año. Esta supervisión se vuelve a realizar, luego de diez años. En junio de 2008, la institución supervisó a los 73 CEM que existían en aquel momento y se detectó que algunos no contaban con profesionales de psicología, derecho y trabajo social. Además, el 69% de locales de los CEM no eran accesibles para personas con discapacidad; y el 82,4% no contaba con una sala para el cuidado de niños y niñas, a pesar de que aproximadamente el 80% de las usuarias está en edad reproductiva.
En esta oportunidad, la evaluación busca conocer el nivel de efectividad para otorgar y ejecutar medidas de protección y sentencias favorables a las víctimas. Para ello, resulta importante conocer las acciones conjuntas con otras entidades del Estado llamadas a administrar justicia: comisaría, defensa pública, Ministerio Público, Poder Judicial, Instituto de Medicina Legal, entre otros. Los resultados serán presentados en agosto del presente año.
Un aspecto importante en la atención de las víctimas es su salud integral. Se ha detectado dificultades en la afiliación al Sistema de Aseguramiento Universal (SIS); situación que debe revertirse en el menor plazo posible ya que atenta contra sus derechos fundamentales a la salud integral que incluye la atención física y mental.
De igual manera, la actuación de jueces y fiscales en los casos recientes de ataques hacia mujeres revelan fallos benignos a favor de los agresores. Como se ha señalado en reiteradas oportunidades, se deben interpretar correctamente las leyes en materia de violencia de género. Asimismo, se propone adoptar como instrumento rector el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género de la ONU, el cual establece criterios para que las investigaciones en materia de feminicidio permitan imponer
sanciones ejemplares. Asimismo, se requiere un cambio de mentalidad de los operadores de justicia que evite la impunidad y garantice sanciones a los
responsables, respetando el debido proceso.
Por ello, la Defensoría del Pueblo considera que la Comisión de Emergencia, encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer, creada por Resolución Suprema N° 129-2018- PCM es una oportunidad para reformular la inversión pública en materia de atención a las víctimas, de manera que el presupuesto se traduzca en una atención integral a quienes sufren estas agresiones, desde las comisarías hasta los centros de salud, desde un enfoque de articulación que se traduzca en resultados concretos y que se avance en las acciones de prevención.
