Estado debe implementar políticas públicas que mejoren calidad de vida de personas con discapacidad

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado para asumir los retos que permitan a las personas con discapacidad mejores condiciones de vida. De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, el 60,5% de este grupo poblacional en edad escolar están fuera del sistema educativo a nivel nacional. Asimismo, la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (Enedis) indicó que el 79.4% de ellas no contaban con empleo.
En este contexto, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, exhorta a los distintos sectores y niveles de gobierno a coordinar una respuesta eficaz en temas esenciales para las personas con discapacidad como la educación inclusiva, trabajo, salud, accesibilidad, no discriminación y justicia; así como ajustes razonables para familiares de personas con discapacidad.
“La implementación de distintas políticas públicas dirigidas a esta población, como el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, o el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, exigen la coordinación de las autoridades orientando sus acciones hacia la disminución de brechas, incluso más allá de lo que los planes formulados señalan, que establecen unas metas mínimas”, resaltó al conmemorarse hoy el Día de las Personas con Discapacidad.
De otro lado, la jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, Malena Pineda, recordó que se encuentra pendiente la formulación de la política pública dirigida a las personas con trastorno del espectro autista; sobre promoción de empleo para personas con discapacidad, entre otras. También resaltó la relevancia de contar con data actualizada sobre las personas con discapacidad, como la revelada por el Censo 2017 que refiere que en el Perú hay 3´051,612 personas con alguna discapacidad, lo cual representa el 10,4% del total de la población. De esa cifra, las mujeres constituyen más de la mitad de la población con discapacidad, esto es, el 57%; mientras que los hombres el 43 %.
Por otro lado, Pineda advirtió que normas recientemente aprobadas como el Decreto Legislativo Nº1384, que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y el Decreto Legislativo Nº1417, que otorga licencia laboral de 56 horas a familiares de personas con discapacidad, supedita derechos y beneficios a que las personas cuenten con un certificado de discapacidad. “Según el Registro Nacional de personas con discapacidad del Conadis 212,413 personas con discapacidad cuentan con certificado. Al comparar esta cifra con lo señalado por el Censo 2017, solo tendrían certificado de discapacidad el 6.9% de la población con discapacidad” enfatizó.
Si bien la certificación de personas con discapacidad es necesaria -para que puedan solicitar apoyos y salvaguardias, así como acceder a beneficios por discapacidad- deben superarse las trabas administrativas que originan que su emisión demore entre 3 y 6 meses en aquellos lugares donde se tramitan.
Finalmente recordó que, la certificación de personas con discapacidad es necesaria para que puedan solicitar apoyos y salvaguardias, así como acceder a beneficios por discapacidad; pero constituye una barrera ya que la emisión del certificado demora entre 3 y 6 meses en aquellos lugares donde se emiten.
