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En Perú hay más de 600 personas internadas durante décadas por problemas de salud mental

12:16 pm 20/12/2018

En el Perú una de cada tres personas presentará algún problema de salud mental en su vida, con mayor incidencia en los pobres y pobres extremos, pero solo dos de cada diez personas reciben tratamiento. En atención a esta problemática, la Defensoría del Pueblo supervisó 122 establecimientos y servicios de salud mental en 25 regiones del ámbito nacional durante los meses de junio y septiembre de 2018.

Según las conclusiones, a pesar que el Estado ha optado por un modelo de atención en la comunidad, donde el internamiento se da de manera excepcional y en situaciones de emergencia, en la supervisión se verificó que en el país se mantiene todavía el modelo (intramural manicomial) que consiste en un internamiento prolongado que en algunos casos supera los 70 años. Hay más de 600 personas en esa condición, que no pueden dejar estos espacios para recibir atención en servicios como los hogares y residencias protegidas que puede derivar en tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia las personas usuarias, y que ya ha merecido el rechazo de diversas instancias internacionales y llamadas de atención al Estado peruano.

El Informe Defensorial N°180: “El derecho a la salud mental. Supervisión nacional de la implementación del modelo de atención comunitaria y el camino a la desinstitucionalización” presentado hoy también revela que, el presupuesto en salud mental es solo el 1% del sector y 0.1% del presupuesto nacional. A ello se suma que el problema no es abordado en los principales documentos de planeamiento a nivel nacional (Acuerdo Nacional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional) lo que implica que el tema no se está priorizado en la agenda del país.

El 74.5% de hospitales generales de nivel II.2 administrados por el Ministerio de Salud (Minsa) y gobiernos regionales no han implementado su Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones. Asimismo, la brecha de crecimiento de hogares protegidos es de 97.5% a nivel nacional respecto a la población que debe ser atendida. Si bien el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021 consideró la instalación de 44 hogares protegidos en el año 2018 a la fecha del informe solo existen 6.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo también ha comprobado que los medicamentos en número es insuficientes. Hay carencia de Litio Carbonato tanto en hospitales generales como en Centros de Salud Mental Comunitarios, principalmente en el interior del país, así como de Clomipramida Clorhidrato y Metifenidato Clorhidrato, que son los únicos medicamentos utilizados para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo y de dependencias respectivamente, lo cual dificulta el acceso de las personas usuarias del Minsa a dichos medicamentos, quienes se ven obligadas a comprarlos en farmacias privadas.

En atención a éstas y otras evidencias recogidas en el Informe Defensorial N° 180, se ha recomendado al Congreso de la República modificar el artículo 7º de la Constitución Política del Perú, con el objeto de garantizar el derecho a la salud de las personas y el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad así como aprobar una Ley de Salud Mental que desarrolle con mayor precisión el enfoque comunitario de atención en salud mental y adicciones.

También se ha propuesto al Ministerio de Salud, elaborar un Plan Nacional Multisectorial de Salud Mental Comunitaria que contenga metas e indicadores para cada sector, así como diseñar e implementar un plan de desinstitucionalización de los hospitales psiquiátricos y hospitales generales para que las personas con problemas de salud mental ejerzan su derecho a vivir de manera independiente y sean incluidos en la comunidad. La Vice Ministra de Salud Pública Claudia Ugarte Taboada, informó que, con el incremento presupuestal para salud mental, en el 2019 el Minsa abrirá 40 hogares protegidos para la desinstitucionalización y se comprometió a adoptar las recomendaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo.

A través del referido documento, a EsSalud se ha requerido adecuar sus planes y programas de atención a la política pública de salud mental comunitaria propuesta por el ente rector del sector, Minsa. Implementar unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, así como hogares protegidos, en cada una de las redes asistenciales a nivel nacional.

En esa línea, también se ha dirigido a los directores y directoras de los establecimientos de salud que prestan servicios de salud mental, exhortándoles a asegurar que las personas usuarias reciban la información sobre el diagnóstico, tratamiento, medicación, riesgos, efectos adversos y sus derechos, de manera oportuna, clara y comprensible, brindando los ajustes y apoyos que puedan requerir.

Asimismo, al personal que labora en los establecimientos que prestan servicios de salud mental, se plantea priorizar el buen trato a las personas usuarias del servicio, respetando los principios de dignidad, igualdad y no discriminación. Respetar también la privacidad, asegurando que no se realicen prácticas que se consideren tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Nota de Prensa Nº479/OCII/DP/2018