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Mayoría de personas con discapacidad en Candarave no tiene carnet del Conadis

11:22 am 19/09/2019

  • Solo hay 8 inscritos en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, debido a dificultades para el traslado a hospital en Tacna.
  • Solo 3 de seis municipalidades han implementado Oficinas de Atención a las Personas con Discapacidad.

La Defensoría del Pueblo advirtió que la mayoría de personas con discapacidad que viven en la provincia tacneña de Candarave no cuenta con carnet del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), situación que vulnera sus derechos al impedirles ingresar a los diferentes programas sociales que ofrece el Estado.

Durante una supervisión realizada por la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna se detectó que solo ocho personas con discapacidad de las aproximadamente 35 que habrían en dicha provincia altoandina, se encuentran inscritas en el Conadis.

Al ser consultados, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Candarave indicaron que esta reducida cifra se debe a lo difícil que resulta trasladar a las personas con discapacidad hasta el hospital Hipólito Unanue, ubicado en el distrito de Tacna, que es el único lugar en la región que expide certificados de discapacidad.

Por otro lado, se supo que solo tres de las seis municipalidades que hay en Candarave han implementado una Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped), situación que explicaría por qué en dicha provincia no se tiene un registro de las personas con discapacidad.

En relación a la promoción de derechos, un equipo de representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad de Tacna (Oredis) realizó una jornada de información que tuvo como objetivo precisar los alcances de la Ley 29973 o Ley General de la Persona con Discapacidad, que obliga a las entidades públicas a adoptar medidas a favor de dicha población.

Durante el evento, llevado a cabo en la municipalidad de Candarave, se hizo un repaso de los derechos de las personas con discapacidad y el rol que el Estado debe asumir para asegurar su cumplimiento. Asimismo, se recordó que las entidades públicas están obligadas a garantizar que las personas con discapacidad participen en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.