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Sector educación fue el más quejado ante la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno

11:58 am 24/10/2019

  • Según informe de labor desempeñada durante el 2018. Le siguieron la municipalidad provincial de Puno y la Policía Nacional.

El sector educativo fue el más quejado en Puno durante el 2018. Así lo dio a conocer la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región al presentar el 22° Informe Anual, según el cual se registró cerca de un centenar de quejas relacionadas en su mayoría al condicionamiento de matrículas y violencia escolar.

Según el reporte, las instituciones educativas públicas recibieron 53 quejas, seguidas por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), con 21  casos; y la Dirección Regional de Educación, con 19 quejas.

Otros sectores quejados fueron la municipalidad provincial de Puno, con 40 casos; y la Policía Nacional, con 29 quejas. De otro lado, hubo 28 quejas contra el gobierno regional de Puno que merecieron la intervención de la Defensoría del Pueblo; mientras que, en el caso de Electro Puno, la cifra fue de 23 quejas.

Según se informó, las quejas más recurrentes contra la UGEL fueron referidas a demoras en las respuestas a consultas y recursos impugnatorios presentados por los usuarios. Similar situación se observó en el caso de la municipalidad provincial de Puno y el gobierno regional, donde los casos más frecuentes fueron sobre la vulneración al derecho de petición, el derecho de acceso a la información pública y el incumplimiento de obligaciones laborales.

Sobre Electro Puno, los usuarios y usuarias de las provincias de Huancané y Moho fueron los más afectados, al reportar frecuentes cortes intempestivos del servicio de energía eléctrica que dañaron sus equipos electrodomésticos.

“Otro importante sector incluido en el reporte fue salud, donde hubo una gran cantidad de casos de cobros indebidos, desabastecimiento de medicamentos y de establecimientos de salud cerrados, así como de presencia de medicamentos vencidos y mala atención”, refirió Jacinto Ticona, representante de la Defensoría del Pueblo en Puno al presentar el informe.

Ticona dio a conocer también que las supervisiones realizadas a diversas comisarías de la región han permitido advertir que muchas de ellas no tienen rampas de accesibilidad para personas con discapacidad ni cuentan con horarios de atención. Asimismo, que no han cumplido con publicar el mapa de atención de las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia.

La presentación del informe contó con la asistencia de representantes del gobierno regional, Policía Nacional y UGEL Puno, entre otros funcionarios quienes se comprometieron a subsanar los errores advertidos por la Defensoría del Pueblo a fin de no vulnerar los derechos de la ciudadanía.