Defensoría del Pueblo organiza 1° Diálogo público: discapacidad con derechos

- 88% de niños, niñas y adolescentes no acceden a la educación inclusiva.
- 4% no pertenece a la población económicamente activa.
Autoridades y representantes de las personas con discapacidad en nuestro país, analizaron los problemas que enfrenta este sector de nuestra población en el campo educativo y laboral, en el 1° Diálogo Público: discapacidad con derechos”, organizado y llevado a cabo hoy por la Defensoría del Pueblo.
En la actualidad, más de tres millones de personas en el Perú tienen alguna discapacidad, representando al 10,4% de la población quienes enfrentan diversas barreras que impiden el ejercicio de sus derechos y su desarrollo independiente y acceso a recursos económicos suficientes para garantizar una vida digna en nuestra sociedad.
Actualmente, la población con discapacidad que se encuentra en el sistema educativo es de 86 mil 888 según el Censo Escolar de 2018 del Ministerio de Educación, esta cifra señala que solo al 11.5% en edad escolar, creando una brecha de 88% en el acceso a la educación que se debe principalmente a la falta de implementación de la política de educación inclusiva en instituciones educativas públicas y privadas.
La falta de reserva de vacantes, y de preparación de los docentes para la atención a la diversidad con enfoque de inclusión, así como la falta de infraestructura accesible y de materiales de educación inclusiva vulnera el derecho a la educación de este sector de la población.
Respecto al derecho al trabajo, según el Censo 2017, del total de la población con discapacidad 1 millón 144 mil 380 (39.6%) forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA). De ese total, solo está ocupada el 90.8%, hecho que denota dificultades para la búsqueda empleo y un efectivo ejercicio de la actividad laboral.
La Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973 y su reglamento, tienen por objeto establecer el marco legal para la promoción, protección y realización de los derechos de la persona con discapacidad, en condiciones de igualdad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica.
También señala que, las entidades privadas con más de 50 trabajadores están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no menor al 3% de todo su personal anual. La cuota de empleo se calcula sobre la planilla total del empleador.
