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Más de 40 escolares con discapacidad en Piura estudian en local declarado de riesgo estructural alto

5:51 pm 10/12/2019

  • Tras visita de representantes de la Defensoría del Pueblo al local, se acordó que la UGEL Piura solicite la instalación de aulas prefabricadas en tanto se construye nueva infraestructura.

A solicitud de la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Piura atenderá el caso de más de 40 estudiantes con discapacidad del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) de Castilla, quienes se ven afectados diariamente al estudiar en aulas que no reúnen las condiciones de seguridad en defensa civil.

Tras una visita al centro educativo, ubicado en el asentamiento humano Campo Polo, representantes de la oficina de la Defensoría del Pueblo pudieron constatar que 42 escolares con multidiscapacidad física y mental estudian en cuatro aulas que se encuentran en estado ruinoso. El ambiente de psicomotricidad, por ejemplo, presenta rajaduras en las paredes, vigas afectadas y techo en mal estado.

Durante la visita, la directora del plantel, Nori Campoverde, comunicó que la situación se presenta desde hace 12 años, constituyendo un peligro constante para las alumnas y alumnos. Además, informó que en el 2011, personal de Seguridad en Edificaciones de la Municipalidad Distrital de Castilla determinó que la escuela no cumple con las condiciones de seguridad en defensa civil debido al deterioro de su infraestructura, por lo que no es adecuado para la realización de actividades pedagógicas ni de recreación.

Tras los hallazgos, el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, convocó a una reunión a las principales autoridades de la región en la que se solicitó el traslado de las y los alumnos a otro plantel. Al estar próximos a culminar las clases escolares, la Defensoría del Pueblo requirió el apoyo de la Municipalidad Distrital de Castilla para la demolición de las aulas en ruinas, lo que permitirá la instalación de aulas prefabricadas.

Según se explicó, la medida será momentánea y permitirá que el gobierno regional elabore el proyecto dirigido a solicitar el financiamiento para la construcción de nuevas aulas de concreto.

Orrego explicó que la Defensoría del Pueblo se mantendrá atenta al proceso de construcción de nuevas aulas. “La educación es un derecho fundamental de la persona, por lo que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad que asegure condiciones adecuadas para una educación pertinente, abierta, flexible y permanente”, sostuvo.