Tingo María: exigimos a autoridades de la UNAS investigar y resolver denuncia de hostigamiento sexual contra docente que postula a decanatura

- Autoridades de la UNAS deberían evaluar la postulación del docente Pedro Pablo Peláez Sánchez al decanato, mientras se le investigue por el delito contra la libertad sexual
La Defensoría del Pueblo constató el incumplimiento del deber de debida diligencia de las autoridades de la Universidad Nacional Agraria de la Selva – UNAS por no resolver desde hace más de 8 meses la denuncia por hostigamiento sexual contra el docente Pedro Pablo Peláez Sánchez, tampoco dispusieron como medida preventiva su separación, hecho que ha sido puesto en conocimiento a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, para que de acuerdo a sus atribuciones supervise y garantice las acciones efectivas y oportunas por parte de las autoridades universitarias.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo le ha recordado a las autoridades universitarias de la UNAS que el Estatuto (art. 204° y 205°), siguiendo lo establecido por la Ley Universitaria N° 30220 (art. 89° y 90°), establece que en estos casos, además de adoptarse como medida preventiva la separación del docente a fin de garantizar espacios educativos libres de violencia y discriminación, se debe resolver en un plazo no mayor de 45 días. Por ello, al no resolver estas medidas las autoridades universitarias estarían incurriendo en el delito de omisión de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
Asimismo, les recordó que la Ley Universitaria (art. 95.7) establece que el docente que realiza conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual, tipificados como delitos en el Código Penal, puede ser destituido.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo corroboró que el docente está siendo investigado por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. De igual modo, en el marco de nuestra intervención y en cumplimiento de la Ley N° 30364, el Juzgado de Familia de Leoncio Prado dictó medidas de protección a favor de la víctima.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo rechaza toda forma de violencia contra las mujeres y, en este caso, exige a las autoridades de la UNAS adoptar las acciones inmediatas para proteger a la víctima, se garantice el principio de confidencialidad y reserva de identidad y se resuelva la denuncia en el plazo más inmediato, teniendo en cuenta que el plazo legal para hacerlo ha transcurrido en exceso. Así como, también se tome las medidas correspondientes en el proceso de elección que se lleva a cabo el día de hoy.
Nota de Prensa N° 392/OCII/DP/2019
