Arequipa: Supervisaremos que instituciones públicas cuenten con intérprete de lengua de señas

- Informó representante de la institución en esta región, durante evento dirigido a funcionarios y miembros de comunidad sorda
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa anunció que durante el año 2020 iniciará un proceso de supervisión a todas las instituciones públicas y privadas de la región que brinden servicios públicos, para verificar que cuenten con el servicio de intérprete de lengua de señas para atender a las personas sordas.
El anuncio fue hecho por el representante de la Defensoría del Pueblo en esta región, Ángel María Manrique, durante su participación en el taller de capacitación dirigido a los servidores públicos y miembros de la comunidad sorda, que tuvo como objetivo dar a conocer los alcances de la ley 29535, que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana.
Manrique remarcó el rol importante que deben cumplir los gobiernos locales, a través de las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad (Omaped), en la elaboración de planes y estrategias regionales para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
“En la provincia de Arequipa hemos podido identificar que apenas el 51%, es decir poco más de la mitad de sus 29 distritos, cuentan con Omaped, lo que resulta insuficiente ya que solo en la región contamos, por ejemplo, con más de 29 mil personas con discapacidad auditiva”, dijo Manrique.
Por ello, subrayó la necesidad de que todas las municipalidades implementen dichos órganos para poder, a partir de ello, elaborar planes y estrategias dirigidos a cerrar las brechas que existen contra las personas con discapacidad para el ejercicio de sus derechos.
En el evento se dio a conocer también que, de acuerdo a un monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo, instituciones como el Poder Judicial, Conadis, Reniec y la Municipalidad Provincial de Arequipa no cuentan aún con un intérprete para atender a las personas sordas. En el caso de la Sunat, se pudo constar que coordina videoconferencias con personal especializado de Lima.
“Estas limitaciones generan barreras en la comunicación que vulneran los derechos de las personas sordas, pues cada vez que van en busca de atención a las comisarías, hospitales o municipalidades, entre otras instituciones, son prácticamente ignoradas por la falta de intérpretes en lengua de señas”, advirtió Manrique.
