Defensoría del Pueblo insta al INPE a extremar medidas de prevención frente al brote confirmado del covid-19 en penales

- Defensoría demandó la inclusión del Instituto Nacional Penitenciario en plan de lucha contra el COVID-19
La Defensoría del Pueblo solicita al Instituto Nacional Penitenciario – INPE extremar medidas de prevención frente al brote de COVID-19 en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
Tal como señalamos en diversos pronunciamientos públicos, la posibilidad de que el coronavirus ingresará a establecimientos penitenciarios demandaba por parte del Estado contar con planes de prevención y atención debidamente implementados y financiados.
El día de hoy, se ha confirmado la existencia de cinco casos que dieron positivo al coronavirus en centros penitenciarios; siendo uno de ellos un trabajador que labora en el establecimiento transitorio de Lima y cuatro internos recluidos en el establecimiento penitenciario del Callao.
Frente a esta crítica situación, la Defensoría del Pueblo advierte la necesidad de adoptar medidas urgentes. Reiteramos que la rápida propagación de este virus es altamente probable, debido a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene que existen en el penal del Callao, como en los 67 penales a nivel nacional. El mencionado centro fue construido para recibir a 572 personas, pero hoy alberga a más de 3200. Además, se debe tener en cuenta que existen 11 536 privados de libertad en el país que padecen enfermedades crónicas, en los cuales el COVID-19 puede generar serias complicaciones en su salud.
En este sentido, se insta al INPE a realizar las coordinaciones del caso con el Ministerio de Salud – Minsa con la finalidad de realizar el protocolo de pruebas a todos los internos del penal del Callao y sus trabajadores, así como también a las personas con las que ha tenido contacto el trabajador del establecimiento transitorio de Lima; debiendo estar en alerta constante ante eventuales brotes en otros penales. Asimismo, es necesario se preparen ambientes adecuados ante los casos que requieran aislamiento y hospitalización, tanto para el personal penitenciario como para la población penal. De otro lado, es indispensable abrir un canal oficial de comunicación con las familias de los internos y trabajadores penitenciarios a fin de prevenir la difusión de falsas noticias.
Finalmente, reiteramos la obligación del INPE de garantizar el derecho a la salud y dignidad de todo su personal, así como de la población penitenciaria a nivel nacional.
