Defensoría del Pueblo: urge dotar al INPE de ambiente adecuado para carceleta de Lima

- Capacidad y condiciones de actuales establecimientos penitenciarios transitorios podrían propagar COVID -19.
El 04 de abril, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó un caso de COVID-19 en el Establecimiento Transitorio de Lima (carceleta de Lima). En línea con lo informado, el INPE dispuso el cierre temporal de dicho establecimiento. Asimismo, a través de la Resolución Presidencial N° 084-2020-INPE/P, el INPE encargó a la Oficina Regional de Lima, habilitar los Establecimientos Transitorios de Lima Norte y Callao, a fin de continuar con la clasificación de los internos.
Sobre el particular, las visitas de supervisión realizadas, nos permiten advertir que dichos establecimientos no cumplen con las condiciones adecuadas para albergar un número considerable de internos e internas. Las instalaciones de ambos espacios no están diseñadas para albergar a más de 30 personas. Por ende, de superarse su capacidad, se generarían niveles de sobrepoblación que contravendrían las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo.
Además de lo mencionado, la Defensoría del Pueblo observa que dichos espacios no cuentan con personal de salud que pueda evaluar a los internos e internas. Por tal motivo, no podrían aplicar los protocolos de prevención y control del COVID-19.
Por otro lado, se ha tomado conocimiento que los agentes penitenciarios que laboran en ambos centros, aún no cuentan con todos los insumos y materiales necesarios para prevenir contagios, como son los equipos personales de protección, implementos de aseo personal y enseres de limpieza.
En esa medida, la Defensoría del Pueblo exhorta con carácter de urgencia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, adoptar las medidas necesarias que permitan al INPE contar con un ambiente adecuado y equipado para albergar a privados de libertad, con similares características al Establecimiento Penitenciario Transitorio de Lima. De esta manera, se podrá garantizar el derecho a la salud e integridad de la población penitenciaria y de los trabajadores del INPE.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, conforme a sus atribuciones constitucionales, continuará supervisando las disposiciones que se adopten, a fin de preservar el bienestar de todas y todos los peruanos, durante el estado de emergencia sanitaria.
