Defensoría del Pueblo: urge articular sistema de justicia para atender casos de violencia contra mujeres en Ica

- Instituciones aún se vienen adecuando al D.L. 1470, cuyo objetivo es mejorar la atención integral de las denuncias.
Tras conocer algunas limitaciones que se presentan en la atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en Ica, la Defensoría del Pueblo demanda una urgente articulación por parte de los miembros regionales del sistema de justicia, lo que permitirá garantizar la integridad de las víctimas y dar mayor celeridad a las investigaciones, en el marco del Decreto Legislativo 1470.
Durante la reunión con integrantes de la instancia regional de lucha contra la violencia de género, se conoció que la Policía Nacional del Perú (PNP) no contaba con una casilla electrónica para recibir notificaciones de las resoluciones judiciales de otorgamiento de medidas de protección. Ante ello, la Corte Superior de Ica se comprometió a solicitar al jefe del Frente Policial regional que cada comisaría cuente con esta vía electrónica.
Asimismo, se conoció que el 60% de los jueces de familia son adultos mayores y, por lo tanto, se encuentran en condición de riesgo en la actual emergencia sanitaria por COVID-19. Frente a esta situación, la Corte mencionó que ya está trabajando en un sistema de audiencias virtuales que garantice la integridad de los jueces, pues se vienen adecuando al D.L. 1470.
De otro lado, se advirtió que el Ministerio Público (MP) ha tenido poca participación en la instancia y que, a la fecha, no cuenta con una mesa de partes virtual. Además, en comunicación con la presidenta de la Junta de Fiscales, se conoció que estaban esperando los lineamientos para la adecuación al mencionado decreto, ante lo cual la Defensoría del Pueblo solicitó una mayor celeridad debido a que las denuncias por violencia contra las mujeres continúan en el estado de emergencia.
Por su parte, el Centro Emergencia Mujer (CEM), como entidad, indicó que vienen experimentado dificultades en el traslado de su personal por la emergencia, ya que no están incluidos en el pase vehicular. Asimismo, la inexistencia de una mesa de partes virtual en la PNP les dificulta el envío de los documentos sociales, psicológicos y legales, ya que son remitidos por WhatsApp, y se les cuestionan las firmas escaneadas en los informes y escritos.
De la misma forma, al no tener el MP un sistema centralizado de consultas, el CEM debe comunicarse directamente con los fiscales para conocer si tienen los casos a su cargo. Esto dificulta la obtención de información y no permite una mayor celeridad en la atención de las denuncias.
Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo, en el marco del D.L. 1470, demanda a las instituciones mencionadas una articulación que permita la atención célere e integral de las denuncias, poniendo énfasis en superar las limitaciones y en adecuarse a la nueva normativa. Asimismo, nos comprometemos a realizar el seguimiento a las acciones de las instituciones, de tal forma que se garanticen los derechos de las víctimas.
