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Defensoría del Pueblo insiste: atención de la violencia contra las mujeres debe declararse servicio esencial

9:26 am 18/05/2020

  • Los Centro Emergencia Mujer (CEM) atienden menos casos durante la emergencia sanitaria, a pesar que los datos oficiales reflejan que hay un dramático aumento de la violencia contra las mujeres.
  • Defensoría envió varias solicitudes al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), para declarar como esencial este servicio, sin embargo, éste no fue incluido en el D.L.1470.

La Defensoría del Pueblo advirtió que la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar sigue siendo invisibilizada debido a las dificultades que el confinamiento genera para presentar denuncias y garantizar una adecuada atención, en el marco del estado de emergencia por COVID-19.

Por ello, como lo recomiendan organizaciones internacionales, insistió en la necesidad de declarar como esencial el servicio de atención de esta violencia a fin de proteger debidamente a las víctimas. Esto implica reforzar el Decreto Legislativo 1470, y las funciones del Sistema Nacional Especializado de Justicia.

Por ello, la Defensoría del Pueblo envió diversas comunicaciones al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en las que se insistió en la necesidad de declarar como esencial este servicio, pues facilitaría la denuncia de las víctimas que se encuentran hoy limitadas en su libertad de tránsito. Esto, sin embargo, no fue incluido en el D.L.1470, lo que impide abordar el problema de fondo: el aumento de la violencia contra las mujeres, especialmente en el ámbito intrafamiliar, y su invisibilización, deducida de las cifras presentadas hasta el momento.

Al respecto, cabe resaltar que, en marzo de este año, los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 5354 casos, un 56% menos que lo reportado en el mismo mes del año anterior. Esto contrasta con la tendencia al alza evidenciada en los dos meses previos, pues, en comparación con el 2019, en enero de 2020, los casos aumentaron de 12 575 a 15 856 (un 26%) y, en febrero, de 11 134 a 14 693 (un 31%).

Asimismo, desde el 16 de marzo (inicio del estado de emergencia) hasta el 10 de mayo, según cifras oficiales, se han registrado 3012 casos de violencia, de los cuales 2536 (84%) fueron cometidos contra las mujeres.

«Esto no significa que existan menos casos de violencia, sino que se denuncian menos debido a las condiciones de confinamiento y a los inadecuados y reducidos canales de denuncia. La Defensoría del Pueblo reitera que esta situación es grave, pues, a la luz de los datos, las víctimas siguen conviviendo con sus agresores y se encuentran en constante peligro de enfrentar formas de violencia que pueden llegar a ser letales» señaló la defensora adjunta para los derechos de la mujer, Eliana Revollar.

En este sentido, «registramos que, a la fecha, desde que se inició la emergencia, se habrían cometido 8 feminicidios, 7 muertes violentas de mujeres aún no esclarecidas y 10 tentativas de feminicidio» añadió.

Revollar precisó que si bien la promulgación del D.L. 1470 obliga a atender oportunamente todos los casos de violencia independientemente del riesgo que representan, se ha advertido que es necesario realizar un ajuste en la atención por parte de todas las instituciones del Sistema Especializado de Justicia para garantizar que esta sea inmediata, oportuna y eficaz.

En relación con la actuación del MIMP, la defensora adjunta consideró que no es suficiente activar los equipos de urgencia, sino que se precisa realizar un seguimiento del caso hasta que se le otorgue a la víctima una medida de protección efectiva (privilegiando el retiro del agresor). Además, resulta preocupante el desfase entre el registro de casos finalmente atendidos y el aumento de las llamadas a la línea 100, por lo que urge precisar qué ocurre finalmente con esta atención y si es realmente efectiva.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez remarcó la necesidad de declarar la prestación de servicios de protección y asistencia a las víctimas como una actividad esencial, y con ello, activar el funcionamiento de los CEM, previendo los respectivos protocolos de bioseguridad ante la emergencia sanitaria. Ello permitirá ampliar las posibilidades de denuncia para las víctimas, además de brindarles asesoría legal y acompañamiento.

«Acorde a nuestro rol constitucional, reiteramos nuestro compromiso en seguir supervisando el funcionamiento de los servicios de atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Para la Defensoría del Pueblo, la garantía del derecho a una vida libre de violencia es una prioridad, especialmente, en el contexto actual, en el que esta problemática se encuentra latente e invisibilizada» remarcó Gutiérrez.