Defensoría del Pueblo: INPE debe realizar pruebas COVID-19 a hijas e hijos de internas

- Algunos de los menores estarían presentando síntomas como: fiebre alta, tos, falta de respiración, entre otros.
La Defensoría del Pueblo demanda al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizar pruebas de descarte COVID-19 a las hijas e hijos que permanecen con sus madres en establecimientos penitenciarios. Esta medida resulta de suma importancia, más aún, tras tomar conocimiento de la existencia de varios casos de madres contagiadas con esta enfermedad.
Tal como fue reiterado en un oficio enviado al Presidente del INPE el pasado 8 de mayo, a raíz del traslado de 48 internas con sus hijos, de los establecimientos Penitenciarios de Chorrillos y Anexo al Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), es indispensable atender de forma prioritaria a las internas con hijos, y a las gestantes, dada la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. El hacinamiento en las cárceles constituye per se un factor que aumenta de manera considerable la propagación de enfermedades, de ahí la urgencia de dictar medidas sanitarias para evitarlo.
Asimismo, tras recibir pedidos de intervención de familiares de las trasladadas y sus menores hijos, sobre las condiciones en las que se encuentran internadas, la Defensoría del Pueblo, a través de una comunicación sostenida con el INPE, tomó conocimiento que habiéndose aplicado la prueba de descarte de COVID-19 a las internas provenientes del E.P. Chorrillos, 8 de ellas dieron positivo, lo cual resulta sumamente preocupante.
En esa medida, a través del Oficio N 122-2020-DP/ADHPD-PAPP, la entidad ha solicitado, entre otras cosas, la aplicación de la prueba de descarte a los menores de edad, pues si bien saludamos que se hayan aplicado a las madres, es fundamental que las pruebas sean también para los menores de edad que viven con ellas, teniendo en cuenta que algunos de los menores estarían presentando síntomas como fiebre alta, tos, falta de respiración, entre otros, lo que hace presumir un posible contagio.
En esa línea, la institución considera prioritario que se garantice la atención médica para las niñas y niños que se encuentran en el CENECP, pero también para aquellos menores que se encuentran en establecimientos penitenciarios a nivel nacional, debiendo determinarse si son o no portadores del virus, a fin de que se inicie un tratamiento médico y, de esta manera, se reduzca el riesgo de contagio del resto de niñas y niños, internas, y demás personal, con los que comparten espacios.
Cabe recordar que, como lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, las personas privadas de libertad son una población vulnerable, y acorde a un enfoque de género, interseccional y de derechos de la niñez y adolescencia, lo son aún más, las internas que son madres, así como los menores que viven con ellas.
La Defensoría del Pueblo, conforme a su rol constitucional de promotor y garante de derechos humanos, exhorta al Instituto Nacional Penitenciario, con carácter de urgencia, a realizar las pruebas de descarte del COVID-19 a los menores de edad y a brindarles tratamiento médico, a fin de proteger su derecho a la salud y vida. La institución seguirá, en esa línea, vigilante de las acciones que se tomen con relación a la situación de las personas privadas de libertad, especialmente las más desprotegidas.
