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Defensoría del Pueblo: en Ica urge coordinación inmediata entre autoridades y sector privado ante incremento de casos de COVID-19

10:14 am 24/05/2020

  • La región Ica presenta la cuarta tasa de letalidad más alta entre las regiones del país.
  • Se alerta que la capacidad de los hospitales para atender a pacientes COVID-19 es insuficiente.

La propagación del COVID-19 en la región Ica va en aumento. Al 23 de mayo de 2020, de acuerdo a la Sala Situacional, Ica registra 1863 casos confirmados de COVID-19 y 151 personas fallecidas, siendo la tasa de letalidad de 8.1%, la cuarta más alta entre las regiones del país, con las provincias de Ica, Chincha y Pisco presentando las mayores tasas de incidencia.

Al 22 de mayo, se contaba con solo 5325 pruebas de descarte, pese a que la población en la región supera los 930 000 habitantes -es decir la cantidad de pruebas alcanza para el tamizaje de 0.57 % de la población de la región, esto es, uno de cada 175 iqueños- por lo que resulta insuficiente para cubrir los requerimientos de la demanda. En el grupo con prioridad de atención con las pruebas, se encuentra el personal de salud, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Solamente en la provincia de Ica, 100 policías están a la espera del descarte.

Por otro lado, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica alerta que la capacidad de los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) para atender a pacientes COVID-19 es insuficiente. En la región se cuenta con tan solo 13 camas UCI, de las cuales 11 están ocupadas; de los 13 ventiladores mecánicos existentes, 8 están en uso; y de las 185 camas para hospitalización 91 no están disponibles, según reportó la Dirección Regional de Salud (Diresa).

Asimismo, el Gobierno Regional aún no ha instalado albergues para pacientes sospechosos en las tres provincias con mayor índice de casos de COVID-19, a pesar de que existen 2840 personas sospechosas, de acuerdo al reporte de la Sala Situacional de la Diresa al 22 de mayo. Al respecto, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández, manifestó que la ausencia de diálogo y transparencia en la información para la implementación de estos albergues genera el rechazo de la población a estas medidas, como sucedió en el Distrito de Subtanjalla.

Sobre la situación de la población penitenciaria, en los penales de Ica y Chincha, se han registrado 25 infectados (además de 4 fallecidos en el penal de Ica). Ante ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica recomienda a la Diresa incorporar dentro del plan de trabajo del control de la pandemia a los centros penitenciarios y realizar campañas médicas que permitan complementar la labor que realizan los doctores de estos establecimientos.

De otro lado, si bien los Gobiernos Locales de Chincha e Ica vienen realizando labores de fiscalización en los mercados, como lo ha señalado la Institución, es necesario descentralizar los centros de abastos para evitar la aglomeración. Distritos como San Andrés en Pisco y Subtanjalla en Ica, que presentan alta tasa de incidencia, no cuentan con un mercado, lo que obliga a sus habitantes a trasladarse a mercados de otras zonas, lo que conlleva un riesgo de contagio.

Asimismo, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica señaló que es necesario que los Gobiernos Locales también fortalezcan la fiscalización de los servicios de transporte urbano, como son las mototaxis, taxis y colectivos. En las calles se evidencia la falta de control y fiscalización en la prestación del servicio, lo que permite, por ejemplo, la aglomeración de este tipo de vehículos en las salidas de los Centros Comerciales y no se garantiza las condiciones sanitarias para su operatividad.

Finalmente, la institución exhortó a las autoridades en la región que ejecuten un trabajo coordinado y articulado con participación de los diferentes subsistemas de salud, así como con la sociedad civil organizada, con el objetivo de lograr una respuesta eficiente ante el incremento de la pandemia en la región.