Defensoría del Pueblo: no basta prorrogar plazo para suspender acceso a internet

- El anuncio de Osiptel de ampliar el plazo hasta el 15 de junio para que los usuarios puedan acogerse al fraccionamiento es saludable, pero insuficiente.
- La poca acogida que tuvo esta medida da cuenta de una débil estrategia comunicativa por parte del Estado y las empresas operadoras.
La Defensoría del Pueblo saluda la decisión de Osiptel de prorrogar el plazo del corte del servicio de telecomunicaciones hasta el 15 de junio para que más usuarios puedan acogerse al beneficio del fraccionamiento de pago. Sin embargo, considera que ello es insuficiente para garantizar los derechos de las y los ciudadanos. Urge, en esa línea, complementarla con alternativas que garanticen la continuidad del servicio, mientras dure la emergencia sanitaria.
La extensión del plazo de fraccionamiento constituía una necesidad ineludible, pues hasta la semana pasada, menos del 3% de usuarios se había acogido a este beneficio. La baja cifra revela la ausencia de una comunicación eficaz por parte del Estado y las empresas operadoras, a la ciudadanía sobre el alcance de esta política. La propuesta sugerida, por tanto, debe venir acompañada de un cambio en la estrategia de comunicación.
Asimismo, tal como se indicó en el Informe Especial N°014-2020-DP “Aportes para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarias, electricidad, gas, y telecomunicaciones ante la propagación del COVID-19”, resulta fundamental exigir a las empresas operadoras que identifiquen quiénes de sus clientes pueden y deben pagar, y quiénes no. Esto permitirá focalizar mejor las disposiciones que se adopten para viabilizar la prestación del servicio, sin perjudicar a las personas más vulnerables.
En este punto, el gobierno debe evaluar alternativas más flexibles para quienes, afectados en su economía a causa de la pandemia, estén imposibilitados de pagar este servicio. Es importante recordar que, al ser el acceso a internet un derecho relacional, impedir su goce vulnerará otros derechos fundamentales, como la salud, la educación y el trabajo. De concretarse la suspensión del servicio de telecomunicaciones, ello consumará un aislamiento social absoluto, que mantendrá a la ciudadanía incomunicada entre sí, y pondrá en riesgo la telesalud, el trabajo remoto, la educación a distancia y el acceso a la información pública que transmite el gobierno sobre la pandemia.
En esa línea, la prórroga planteada por Osiptel no sólo debe servir para que más personas se acojan al fraccionamiento, sino para que el gobierno plantee una propuesta que haga sostenible, en simultáneo, el servicio de telefonía e Internet y los derechos fundamentales de la ciudadanía, particularmente de quienes están en situación de mayor vulnerabilidad económica. Este tiempo debe, además, permitir a las empresas buscar soluciones que adecúen su modelo de negocio en favor, especialmente, de los usuarios más perjudicados por la pandemia, tomando en cuenta el difícil contexto en el que estos se encuentran.
Para la Defensoría del Pueblo, tanto el Estado, la ciudadanía, como el sector privado deben incrementar sus esfuerzos en este tiempo adicional a fin de articular sus estrategias en búsqueda de alternativas que hagan viable el servicio, sin poner en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía.
