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Defensoría del Pueblo destaca aprobación de normas sobre deshacinamiento en penales y centros juveniles

3:52 pm 06/06/2020

  • Hasta el momento han fallecido más de 200 internos adultos y 15 agentes penitenciarios.
  • Normas excluyen de beneficios a procesados y sentenciados por delitos graves.

La Defensoría del Pueblo destaca la reciente aprobación de los Decretos Legislativos 1513 y 1514 que establecen medidas para disminuir el hacinamiento en establecimientos penitenciarios y en centros juveniles del país.

La adopción de medidas contra el hacinamiento fue planteada por la Defensoría del Pueblo desde el inicio de la crisis provocada por el COVID-19 atendiendo al severo impacto que esta enfermedad podía provocar entre los privados de libertad. Hasta el momento han fallecido más de 200 internos adultos y 15 agentes penitenciarios.

Como ya lo ha señalado en reiteradas ocasiones, la Defensoría del Pueblo considera el hacinamiento como la principal causa de afectación de derechos humanos de los privados de libertad. Esta situación ha motivado que el Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia, haya declarado la existencia de un estado inconstitucional de cosas en el sistema penitenciario nacional.

La reducción del hacimiento constituye una tarea que involucra a todas las entidades del sistema de justicia. Por esta razón, los Decretos Legislativos promulgados requieren para cumplir sus objetivos de la plena cooperación y coordinación del Poder Ejecutivo (por medio del Instituto Nacional Penitenciario), con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Cabe anotar que el Decreto Legislativo N° 1513 establece la variación de la prisión preventiva por otras medidas coercitivas, así como mecanismos para la remisión de las condenas de hasta 10 años de pena privativa de libertad y modifica el trámite de beneficios penitenciarios. En todos los casos se excluye de sus alcances a los procesados o sentenciados por delitos graves. Estas medidas se extienden también a los adolescentes infractores de la Ley Penal.

Entre las disposiciones aprobadas destaca también la destinada a promover el uso de la vigilancia electrónica personal -Decreto Legislativo N° 1514-. Hoy el Estado asumirá los costos operativos de este mecanismo, hecho que cumple con la recomendación que formuláramos en el Informe de Adjuntía N.° 006-2018-DP/ADHPD. Este paso era estrictamente necesario dado que hasta el momento solo 33 personas han hecho uso de estos medios tecnológicos.

La Defensoría del Pueblo en su rol garante de derechos supervisará la correcta aplicación de estas normas en aras de garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos de los privados de libertad.