Defensoría del Pueblo exige atención oportuna a pacientes con COVID-19 que requieran hemodiálisis

- Clínica privada pedía 2500 soles para trasladar sus equipos al hospital.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto advirtió deficiencias en la atención a pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS) con problemas renales a quienes no se les está realizando hemodiálisis debido a que se les detecta COVID-19.
El 30 de mayo, la institución recibió la queja del familiar de una paciente internada por COVID-19 en el Hospital II-2 Minsa -Tarapoto, a quien no se le estaba realizando hemodiálisis, procedimiento que la paciente solía tener tres veces por semana, debido a que el hospital no cuenta con este servicio y la única clínica que lo realiza en la región solicitaba el pago de 2500 soles para trasladar sus equipos al hospital.
“Son 69 afiliados del SIS que acuden a esta clínica a realizarse hemodiálisis gracias a un contrato que tiene con el Fissal. Sin embargo, la continuidad de su atención se está interrumpiendo para las personas con COVID-19 porque, según los representantes de la clínica, el seguro no cubre los costos que implica atender a estos pacientes”, manifestó Santiago Tamay, representante de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto.
Es preciso señalar que, siendo esta la única clínica que brinda este servicio en la zona, también atiende a los asegurados de Essalud que necesitan hemodiálisis, por lo que el número de personas que pudieran verse afectado por la discontinuidad de su atención puede aumentar.
Frente a esta grave situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto considera que la Dirección Regional de Salud San Martín, en coordinación con los hospitales de su jurisdicción, debe gestionar una pronta solución que garantice la atención integral de los pacientes con enfermedad renal y que se contagian de COVID-19, de tal manera que no vean interrumpido su tratamiento.
Asimismo, se hizo un llamado a la Fiscalía Provincial de Tarapoto para que inicie investigación sobre las graves violaciones al derecho a la salud y la vida, que han padecido o vienen padeciendo estos pacientes.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo recuerda al Ministerio de Salud la urgente necesidad de aprobar una Directiva Sanitaria sobre el cuidado integral de las personas con enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el contexto del COVID-19 que establezca directrices para que ninguna Institución Prestadora de Servicios de Salud niegue atención a los pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento en hemodiálisis.
De igual manera, es necesario que dicho ministerio conduzca las coordinaciones entre el SIS, Fissal, Diris/Diresa, Essalud, prestadores privados y todas las instituciones involucradas para garantizar el cuidado de las personas en los servicios de hemodiálisis.
Como institución que supervisa que las instituciones del Estado cumplan con garantizar el acceso a la salud de la población, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto hará seguimiento a las recomendaciones dadas para garantizar la atención de pacientes renales.
