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Defensoría del Pueblo: urge prevenir violencia hacia niñas, niños y adolescentes en internet y redes sociales

4:54 pm 10/06/2020

  • Según el INEI, 53 % de la población de 6 a 17 años de edad usa internet, siendo el teléfono celular el principal medio de acceso (75 %).
  • Las y los adolescentes de 12 a 17 años son el grupo que hace mayor uso del internet (69 %), seguido por las niñas y niños de 6 a 11 años (36 %).

Durante el estado de emergencia nacional, se ha incrementado el uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte de las niñas, niños y adolescentes, especialmente, a través del internet, y esto hace que los menores de edad se encuentren en una constante exposición a situaciones de violencia y que puedan ver vulnerados sus derechos a la intimidad e integridad.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha señalado que el acceso a internet es un derecho humano. Además, es un mecanismo efectivo para garantizar otros derechos como el acceso a la información pública, educación y recreación. Sin embargo, a su vez, el acceso a internet y a las redes sociales, puede exponer a los niños, niñas y adolescentes al ciberacoso, pornografía infantil, manipulación económica, proposiciones sexuales, mensajes no deseados con contenido sexual y/o violento, entre otros.

En los últimos días, en relación a las denuncias públicas hechas contra el actor Andrés Wiesse, que deben ser investigadas exhaustivamente por el Ministerio Público, los medios de comunicación han visibilizado situaciones de acercamiento sexual entre adultos y adolescentes, principalmente mujeres. Esta realidad ha sido histórica y culturalmente normalizada en la sociedad, perpetuando relaciones de poder basadas en género y edad que colocan a las niñas, niños y adolescentes en una situación de subordinación, desigualdad y posible violencia, realidad que se mantiene también con el acceso a internet y el uso de redes sociales.

Desde la Defensoría del Pueblo recordamos que son las personas adultas quienes deben advertir y evitar estos escenarios, reconociendo que en el relacionamiento con las personas menores de edad existe una relación de poder, la cual puede conllevar a que se realicen actos sin un libre consentimiento o una validez total. Cabe subrayar que el reconocimiento del derecho a la libertad sexual de los y las adolescentes a partir de los 14 años de edad no debe ser motivo de aprovechamiento por parte de las personas adultas. Por ello, es fundamental que el Estado garantice una educación con enfoque de género, que incluya la importancia del consentimiento sexual dentro de la educación sexual integral, con la finalidad de identificar el engaño y las relaciones de poder que puedan ejercer personas por medio de las tecnologías de la información y comunicación; asimismo, estas medidas deben permitir prevenir y denunciar situaciones de violencia sexual.

En ese sentido, urge implementar una política nacional de educación sexual integral que ayude a educar a la ciudadanía y, en especial, a las niñas, niños y adolescentes, para que identifiquen relaciones de poder y no normalicen las situaciones de violencia por medio del internet y las redes sociales. De la misma forma, urge adoptar medidas para brindar una protección adecuada a las personas menores de edad frente al uso indebido de las tecnologías de la información y comunicación.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo recuerda a las madres, padres y cuidadores que es importante conversar con las niños, niños y adolescentes sobre los riesgos de violencia que pueden encontrar en internet y las redes sociales y, prestar especial atención a las alertas sobre ciberseguridad para optimizar las formas de su uso con fines educativos y de entretenimiento. Asimismo, exhortamos a las autoridades competentes a cumplir con su función investigadora a fin de sancionar las conductas que configuren delitos, más aún en aquellos casos que involucran a la niñez y adolescencia.

Desde la Defensoría del pueblo reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente, el derecho a una vida digna y libre de violencia.