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Defensoría del Pueblo advierte riesgo de cortes masivos de servicios de telefonía móvil e internet

5:56 pm 15/06/2020

  • Osiptel autorizó a las empresas suspender los servicios a partir del 15 de junio pero persisten las restricciones para acceder a fraccionamientos.
  • Algunas operadoras no han habilitado líneas telefónicas ni páginas web para solicitar el fraccionamiento.

Desde el 15 de junio, según las disposiciones establecidas por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), las empresas del sector están autorizadas a suspender los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo señala que las exigencias que se imponen a los usuarios para el fraccionamiento de las deudas contraídas, durante la pandemia, son inadecuadas y generarían cortes masivos así como un retroceso en la cobertura y la calidad.

Al respecto, la entidad señaló que las empresas condicionan el fraccionamiento a aceptar un determinado número de cuotas y excluyen a ciertos grupos de usuarios. Por ejemplo, Telefónica S.A.A. limita el fraccionamiento a máximo 6 cuotas cuando los usuarios tienen una deuda menor o igual a S/ 200 y para recibos vencidos desde el 12 de abril; por su parte, América Movil S.A.C. (Claro) establece que las deudas hasta S/ 100 podrán ser fraccionadas en 3 y 6 cuotas.

Asimismo, los operadores no cuentan con todos los canales para que los usuarios soliciten el fraccionamiento, como Entel S.A.C. y Bitel S.A.C. que carecen de líneas telefónicas habilitadas, pese a que el Osiptel dispone que las empresas deben mantener operativos el canal telefónico, la página web y el aplicativo informático que corresponda. Estas limitaciones ameritan que las empresas transparenten la información sobre el número de usuarios que han accedido al fraccionamiento y los que se encuentran en condición de morosidad.

La Defensoría del Pueblo también señaló que de acuerdo a las quejas reportadas por los usuarios en las redes sociales, las empresas están incurriendo en demoras para aceptar las solicitudes de fraccionamiento y migración a planes de menor costo; y en otros casos exigiendo el pago de la totalidad de lo adeudado. Esta situación exige una intervención inmediata del organismo regulador y la aplicación de medidas idóneas para evitar la suspensión de los servicios de llamadas e internet, indispensables para el desarrollo de actividades, especialmente para garantizar el acceso a la educación remota.

La Defensoría del Pueblo continuará exhortando al Poder Ejecutivo y al Osiptel a adoptar las medidas necesarias que ponderen un balance adecuado entre la sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos y la protección de los usuarios y usuarias en situación de dificultad económica para asegurar su derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones.