Defensoría del Pueblo: INPE debe garantizar la salud de niños y niñas que viven en las cárceles con madres privadas de libertad

- Urge aplicar el enfoque de niñez y género a las campañas de descarte del COVID-19 que se realizan en los establecimientos penitenciarios.
- Esta medida debe replicarse en todos los establecimientos penitenciarios de mujeres y mixtos a nivel nacional.
Las mujeres representan aproximadamente el 5 % del total de la población penitenciaria, y se encuentran clasificadas en 14 penales de mujeres y 32 mixtos. Sin embargo, solo en dos de ellos, se han llevado a cabo las campañas de pruebas de descarte. Esto es, el penal de Mujeres de Chorrillos y el de Arequipa. En ambos casos, el resultado arrojó que más del 50 % del total de pruebas realizadas dio positivo.
Esta situación se agrava en los penales donde no sólo se encuentran recluidas las mujeres internas, sino además, sus hijos e hijas que las acompañan en el cumplimiento de su condena. A marzo del presente año, eran 169 niñas y niños entre recién nacidos y menores de tres años de edad. Cabe advertir que, a pesar de la presencia de esta población en el sistema nacional penitenciario, el INPE no cuenta con médicos en la especialidad de Ginecología ni Pediatría.
Dicho escenario demanda una intervención integral y oportuna por parte del INPE para proteger la salud de este grupo vulnerable y otros, debiendo extender las campañas de descarte del COVID-19 en todos los penales a nivel nacional que albergan a mujeres y niñas/os.
Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo, el miércoles 10 del presente mes, las autoridades de salud de Lima Sur acudieron al establecimiento penitenciario de Chorrillos para tomar pruebas de descarte del COVID-19 determinando la existencia de numerosos casos positivos entre la población interna y agentes penitenciarios. Ante esta situación, el INPE ha anunciado la adopción de medidas (contratación de personal médico general, adquisición de medicamentos, habilitación de zonas de aislamiento, etc.) que deben cumplirse y replicarse en todos los penales de similares condiciones. Cabe destacar que a raíz de las coordinaciones realizadas por nuestra institución se practicaran también pruebas en los penales de Chorrillos anexo y Virgen de Fátima.
En cumplimiento de nuestro rol constitucional, hemos solicitado al INPE información detallada sobre las acciones tomadas, resaltando la imperativa necesidad de proteger la salud de los niños y niñas, conforme lo establece la Constitución y la Convención de Derechos del Niño. Esta última establece en su artículo 24 la obligación del Estado de garantizar para ellos y ellas el disfrute del más alto nivel posible de salud, lo que está igualmente reconocido en el artículo 21 del Código de los Niños y Adolescentes.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo, en conformidad con su mandato constitucional, reitera nuevamente su compromiso de seguir velando por los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, niñas y niños, personas gestantes, adultos mayores, y personas con discapacidad que se encuentran privadas de su libertad
