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Defensoría del Pueblo exhorta al Ejecutivo, a dirigentes comunales y a empresa minera a restablecer el diálogo en Challhuahuacho y Coyllurqui

6:18 pm 18/05/2022

Frente a las dificultades y limitaciones que se vienen observando en el proceso de diálogo entre el Ejecutivo, las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chila, Chuicuni y la empresa minera Las Bambas y, habiendo transcurrido 29 días desde que la empresa suspendió sus actividades de explotación minera en la zona, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:

  1. La protesta es un derecho fundamental que le permite a la ciudadanía expresar libremente sus demandas, discrepancias, insatisfacciones con las decisiones que toman las entidades públicas o las empresas y demás organizaciones de la sociedad. Sin embargo, en ningún caso, la protesta puede afectar directa o indirectamente el normal desplazamiento de las personas, las actividades económicas de cualquier empresa o el desarrollo de la vida laboral de las/los trabajadoras/es. En el presente caso, han transcurrido 29 días de medida de fuerza y no se observa la debida diligencia en la organización de un proceso de diálogo ordenado y transparente en el que se traten de manera efectiva los problemas identificados en este conflicto.

 

  1. Dejamos constancia que las medidas adoptadas por las comunidades no favorecen el diálogo y el respeto a la legalidad. Se actúa como si se ignorara que vivimos en un Estado de derecho. Los conflictos por más complejos que fueren no pueden salirse de los cauces de la legalidad y del diálogo. No existe en el país ningún territorio que sea ajeno al cumplimiento de la Constitución y la ley. En este sentido, es pertinente aclarar que el estado de emergencia está previsto en la Constitución y tiene un carácter excepcional. No es una medida que aliente o ampare violaciones de derechos humanos, tampoco un mecanismo de gestión de conflictos sociales, pero sí puede contribuir a superar circunstancias de perturbación del orden interno. Como se trata de una medida transitoria está sujeta a permanente evaluación, razón por la cual corresponderá a las autoridades del Poder Ejecutivo decidir si la mantiene o la levanta previa fundamentación. En ningún caso esta medida impide que se prosiga con el diálogo.

 

  1. Pedimos al Ministerio de Energía y Minas y a la Presidencia del Consejo de Ministros que presenten los resultados de su trabajo de seguimiento de los acuerdos entre la empresa minera Las Bambas, el Estado y las comunidades de Fuerabamba, Huancuire y otras, conforme lo establecen sus reglamentos de organizaciones y funciones. En el caso de la comunidad de Fuerabamba, la empresa ha entregado su matriz de compromisos con el sustento correspondiente, pero está pendiente que la comunidad haga lo propio. No hay manera de determinar el cumplimiento o incumplimiento de acuerdos si no se entrega la información y se identifica las discrepancias y se procede a su verificación. La Defensoría del Pueblo ha solicitado a ambas entidades públicas que emitan un informe sobre la situación del cumplimiento de acuerdos para efectuar su propia evaluación a efectos de colaborar con la resolución del conflicto.

Finalmente, exhortamos al Poder Ejecutivo, a los dirigentes comunales y a la empresa a restablecer el diálogo en el plazo más breve y a tratar los problemas con seriedad y profundidad. Está de por medio la transparencia en el cumplimiento de acuerdos, la continuidad de la actividad minera en esta zona, cuyo aporte es particularmente significativo en las actuales circunstancias que vive el país; y, ciertamente, la situación de los trabajadores que ven con preocupación la subsistencia de sus empleos y sus ingresos.