Defensoría del Pueblo pide a Contraloría investigar presunto pago irregular a periodistas en GORE Ica

- De acuerdo a investigación periodística, entidad habría destinado recursos para pagar a comunicadores a cambio de mejorar imagen del gobernador regional.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica solicitó a la Contraloría General de la República iniciar una auditoría inmediata respecto al mal uso del presupuesto público que se estaría dando al interior del Gobierno Regional (GORE) de Ica, luego que una investigación periodística revelara presuntos pagos a periodistas de la región con el propósito de generar una imagen positiva a favor del gobernador regional, Javier Gallegos.
En efecto, de acuerdo a la información difundida el último miércoles en un portal de noticias, serían 13 periodistas que tienen a su cargo diversas cuentas informativas en redes sociales, quienes habrían facturado distintas sumas desde el 2019, haciendo un total cercano al millón de soles por servicios de publicidad y comunicaciones, que no sería otra cosa que publicar gráficas constantes en las que destacan la imagen del gobernador regional o en las que desmienten cualquier acusación que se haga en su contra.
De acuerdo a la misma publicación, la red de periodistas contratados con dinero del GORE Ica operaría bajo la modalidad del uso de textos y fotografías similares cuyo fin es defender al gobernador regional de cualquier información negativa. Además, se señala que, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el dinero abonado a los periodistas provendría de la partida presupuestal del GORE Ica. Para dirigir los pagos, se habría hecho uso de distintas subdependencias como las direcciones de Salud, Educación y Agricultura.
Fue la gravedad de la denuncia lo que motivó al jefe de la Oficina Defensorial de Ica, Jorge Hernández, a solicitar la intervención de la Contraloría General de la República, a fin de que se determinen responsabilidades funcionales o de carácter penal ante los presuntos actos de corrupción que se estarían dando al interior del GORE Ica.
El pedido fue hecho en un escrito dirigido a la entidad, en el que se detallan los montos que habrían sido percibidos por cada periodista. El representante de la Defensoría del Pueblo en Ica explicó, además, que el caso adquiere mayor relevancia debido a que el partido al que pertenece el gobernador regional se encuentra postulando a diversas alcaldías y al propio Gobierno Regional. Asimismo, porque la esposa de la máxima autoridad regional también postula como vicegobernadora. “Nos encontramos ante un presunto uso inadecuado de los recursos públicos, por lo que urge una auditoría inmediata por parte de la Contraloría General de la República”, refirió.
