Defensoría del Pueblo advierte que municipios de Puno no designaron funcionaria/o para atender pedidos de acceso a la información pública

- En supervisión a ocho comunas provinciales, se detectó que solo la de Carabaya nombró al servidor mediante resolución.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno realizó una supervisión a ocho municipalidades provinciales para verificar si las nuevas autoridades locales cumplieron con la obligación de designar al/a la funcionario/a responsable de entregar la información de acceso público a la ciudadanía, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley n.° 27806, identificando que solo una cumplió con esta obligación
En efecto, de las ocho comunas, Chucuito, Yunguyo, El Collao, Huancané, Puno, Moho, Sandia y Carabaya, solo esta última emitió la resolución correspondiente designando al servidor público. En ese sentido, urge que estas comunas regularicen dichos nombramientos, a fin de garantizar la atención de los pedidos de acceso a la información pública que presente la ciudadanía.
En este contexto es importante precisar que tanto la Constitución Política como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública, y que, en ningún caso, se exige justificación para el ejercicio de este derecho.
La norma también indica que toda entidad pública designará al/a la funcionario/a responsable de entregar la información solicitada; y que, ante la ausencia de designación, las responsabilidades administrativas y penales por la no atención de las solicitudes recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces.
Frente a esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno cursó oficios a los alcaldes de las municipalidades provinciales de Chucuito, Yunguyo, El Collao, Huancané, Puno, Moho y Sandia recomendando designar, mediante resolución, al/a la funcionario/a responsable de entregar la referida información en el plazo más breve posible.
La institución hará seguimiento al cumplimiento de esta recomendación a fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública de la ciudadanía.
