
Tiene por función el seguimiento y supervisión de la política anticorrupción, la promoción de la ética pública y la prevención de la corrupción, desde un enfoque de derechos, con énfasis en las poblaciones más pobres y excluidas en nuestro país. Asimismo, implementa y coordina la política institucional en materia de ética pública y lucha contra la corrupción.