Personas defensoras de derechos humanos
Las personas defensoras de derechos humanos (“PDDH” en adelante) son aquellas que, de manera pacífica, e individual o colectivamente, actúan en la promoción, reconocimiento, defensa y protección de los derechos humanos, impulsando el desarrollo, luchando contra la pobreza, realizando acciones humanitarias, fomentando la reconstrucción de la paz y la justicia, y promoviendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, en los planos local, nacional, regional o internacional.
Las actividades que llevan a cabo favorecen, de manera esencial, la observancia de los derechos humanos que cada uno de estos grupos ejerce y defiende en su propio contexto, pues contribuyen con la democracia, el Estado de derecho y la lucha contra la impunidad.
En los últimos años, en el Perú, se ha visto un incremento en los casos de muerte y ataques a personas defensoras de derechos humanos. Así, por ejemplo, durante el estado emergencia sanitaria por la COVID-19, se denunciaron al menos 10 asesinatos en las regiones de Amazonas, Huánuco, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, Pasco y Ucayali.
En este contexto, resulta alarmante que las personas que defienden el medio ambiente y los pueblos indígenas sean las más expuestas al riesgo. En los casos atendidos, hemos identificado que el problema estructural principal en las situaciones de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos es la presencia de actividades ilegales como: minería ilegal, tala ilegal, deforestación, narcotráfico, así como la inseguridad jurídica territorial. De manera aún más preocupante, observamos que la situación de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos no ha sufrido un cambio sustancial.
Desde 2019, el Perú ha implementado instrumentos para proteger a las personas defensoras de derechos humanos: inicialmente, el Protocolo para garantizar su protección, y actualmente, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de estas Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, aún son necesarios mayores esfuerzos, tanto a nivel multisectorial como en los tres niveles de gobierno, para superar los problemas estructurales y evitar así que se generen situaciones de riesgo, amenazas y ataques contra quienes defienden los derechos humanos.
Dada la gravedad de estos hechos, la Defensoría del Pueblo considera la protección de las personas defensoras de derechos humanos como una prioridad absoluta. Por ello, nuestra institución realiza un seguimiento continuo y riguroso de los desafíos que enfrenta este grupo de especial protección. Este seguimiento incluye la identificación de riesgos, la promoción de políticas públicas efectivas y la articulación con diversas entidades del Estado para garantizar su seguridad y el pleno ejercicio de sus derechos.