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Defensoría del Pueblo exige que el presidente de la República explique la salida del ministro del Interior, Mariano González

11:18 am 20/07/2022

  • Cambios constantes en la titularidad del Mininter impiden luchar de forma efectiva contra la inseguridad ciudadana, principal problema que afecta a peruanas y peruanos.
  • En el pronunciamiento del 21 de julio de 2021, la Defensoría del Pueblo había señalado que el presidente de la República debía encarnar y liderar el combate contra la corrupción.

La Defensoría del Pueblo, en reiteradas oportunidades, ha señalado lo inconveniente que resultan los constantes cambios en la titularidad del Ministerio del Interior (Mininter) dado que impiden el desarrollo de acciones efectivas contra la inseguridad ciudadana.

Desde que empezó el presente periodo de Gobierno han ejercido el cargo de ministro del Interior siete personas, hecho que ha dañado severamente la institucionalidad del sector. Debe tenerse presente que cada cambio de ministras/os ha implicado también la salida constante de funcionarias y funcionarios importantes en el planeamiento y ejecución de acciones contra la criminalidad.

La situación descrita implica una transgresión del deber constitucional del primer mandatario de proteger la seguridad de peruanas y peruanos que hoy son víctimas frecuentes de la delincuencia. Le corresponde garantizar de forma definitiva la estabilidad funcional del Mininter o asumir las responsabilidades funcionales del caso.

De otro lado, conforme señaló la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento público, realizado el 21 de julio de 2021, el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación, por lo que le corresponde encarnar y liderar el combate contra la corrupción[1].

La institución también manifestó aquella vez que “la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción resulta especialmente peligrosa, pues pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”. Por tal razón, se señaló que el presidente de la República tenía “(…) la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”.

A casi un año del referido pronunciamiento público y de cumplirse el primer año del mandato presidencial, somos testigos de que el presidente de la República no ha cumplido con su obligación encarnar y liderar el combate contra la corrupción; por el contrario, ha designado una serie de funcionarios no idóneos para el cargo, muchos de ellos investigados y procesados por graves delitos y faltas. Asimismo, mantuvo, pese a varios cambios de gabinete, a un funcionario seriamente cuestionado por su relación con la adjudicación irregular de obras: el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, actualmente prófugo de la justicia.

La institución denuncia que la voluntad presidencial de lucha contra la corrupción ha sido nuevamente puesta en duda, al conocerse la repentina salida del ministro del Interior, Mariano González, quien había designado a reconocidos oficiales de la Policía Nacional del Perú para apoyar al nuevo equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, creado por la Fiscalía de la Nación.

Para la Defensoría del Pueblo, el presidente de la República está obligado moral y legalmente a explicar al país las razones de la salida del ministro del Interior y su relación con el apoyo que venía dando al equipo especial dirigido por la fiscal Marita Barreto, en atención al principio de prohibición de ejercer el poder de forma arbitraria e injusta, derivado de los artículos 3 y 43 de la Constitución Política, vinculados al Estado Social y Democrático de Derecho[2].

Como viene sosteniendo reiteradamente la Defensoría del Pueblo, la corrupción socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones, y además vulnera los derechos de las personas y, con mayor intensidad, los de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad[3][1].

[1] Consultar en: https://www.defensoria.gob.pe/presidente-de-la-republica-debe-liderar-la-politica-de-estado-de-lucha-contra-la-corrupcion/

[2] Consultar, entre varias, la STC 03167-201-PA/TC.

[3] Consultar en DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La corrupción en el Perú. Mayo, 2017