Alerta de la Defensoría del Pueblo evitó el control territorial del río Marañón primando el diálogo sobre la protesta: Gobierno Regional de Loreto atendió a tiempo las demandas

- Se valora la intervención oportuna del Gobierno Regional de Loreto, en atención a las competencias constitucionales de prevención de conflictos sociales que actuó la Defensoría del Pueblo, en el marco de la Ley N.° 32028.
Tras la alerta de la Defensoría del Pueblo por el riesgo de escalamiento del conflicto social en la comunidad nativa Naranjal, distrito de Pastaza, el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) actuó con celeridad: solicitó una tregua a la población para gestionar la atención de sus demandas y, en un plazo de dos días, comunicó el inicio de la gestión del pago de las valorizaciones pendientes para la continuidad de la obra de infraestructura educativa. De esta manera, se superó la medida de fuerza anunciada y el diálogo primó sobre la protesta.
El Módulo Defensorial de San Lorenzo, en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto, había advertido el riesgo de que la comunidad nativa Naranjal, integrante del pueblo indígena Achuar, active su acuerdo de control territorial sobre el río Marañón, ante el incumplimiento en el pago de valorizaciones de la obra «Mejoramiento y Ampliación de la Oferta Educativa en el Centro Poblado de Naranjal Marañón» (CUI N.° 2399005), que registra un avance aproximado del 80 %.
Ante las recomendaciones defensoriales, el Gobierno Regional de Loreto a sugerencia de la Defensoría del Pueblo, solicitó a la comunidad una tregua que permitiera avanzar en la atención de sus demandas, evitando así el inicio del paro indefinido y el cierre de los puntos estratégicos del río Marañón anunciados para el 16 de agosto. Cumplido el plazo de dos días, la entidad regional comunicó la gestión del pago de las valorizaciones pendientes a la empresa ejecutora, lo que permite la continuidad de los trabajos de la infraestructura educativa.
La Defensoría del Pueblo valora positivamente la respuesta oportuna del Gobierno Regional de Loreto y el compromiso asumido con la comunidad nativa Naranjal, en línea con las recomendaciones formuladas en el marco de sus competencias constitucionales de prevención de conflictos sociales en el marco de la Ley N.° 32028, que le faculta la intervención preventiva en conflictos sociales. La institución destaca que la atención oportuna y transparente de las demandas de la población, junto con el establecimiento de espacios de diálogo, resulta clave para evitar el escalamiento de la conflictividad social y preservar la gobernabilidad regional.
La Defensoría del Pueblo continuará el seguimiento del cumplimiento del pago de las valorizaciones y de la culminación de la obra educativa, en resguardo del derecho a la educación de los estudiantes de la comunidad nativa Naranjal, y reitera su disposición a acompañar los procesos de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas de la región.
