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Amazonas: Defensoría del Pueblo exige el inicio de investigaciones penales y disciplinarias contra militares implicados en presuntos actos de violencia sexual contra adolescentes en residencia estudiantil de Condorcanqui

12:44 pm 22/07/2026

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas inició una intervención inmediata tras tomar conocimiento de la denuncia por presuntos actos de violencia sexual, consistentes en tocamientos indebidos, que habrían sido cometidos por personal militar en agravio de un grupo de adolescentes mujeres en una residencia estudiantil ubicada en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui.

La institución advirtió que estos presuntos hechos constituyen una grave afectación de los derechos a la integridad personal, a una vida libre de violencia, a la dignidad y a la protección especial que el Estado debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, exigió al Ministerio Público el inicio inmediato de las investigaciones penales correspondientes, al tratarse de hechos de especial gravedad que habrían afectado a adolescentes indígenas, población que requiere una protección reforzada por parte del Estado.

El pedido fue dirigido a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, a quien se requirió disponer las acciones fiscales que correspondan para la identificación de los responsables. Asimismo, se exhortó a dicha autoridad a que solicite ante el juzgado competente las medidas de protección necesarias para las adolescentes afectadas, a fin de garantizar que no se repitan hechos similares.

La sede defensorial también exigió el inicio de las investigaciones en el ámbito administrativo disciplinario contra los efectivos militares que habrían participado en estos presuntos actos de violencia sexual en agravio de adolescentes. Mediante un oficio dirigido al comandante general de la Sexta Brigada de Selva del Ejército del Perú, el jefe de la Oficina Defensorial de Amazonas, José Luis Oblitas, solicitó que se informe sobre las acciones adoptadas para identificar al personal involucrado y disponer, de manera preventiva, las medidas administrativas correspondientes que impidan cualquier tipo de contacto o acercamiento con las víctimas y con la residencia estudiantil donde habrían ocurrido los hechos.

Asimismo, como parte de la intervención iniciada también se requirió a la Red Integrada de Salud Condorcanqui adoptar medidas inmediatas para garantizar la protección y el bienestar de las estudiantes. Asimismo, se pidió la participación del Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM) a fin de que se brinde atención integral inmediata a las adolescentes afectadas.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo exhorta a los medios de comunicación a no continuar difundiendo el nombre de la residencia estudiantil en la que habrían ocurrido los hechos; asimismo, se recuerda la prohibición de difundir, bajo cualquier contexto, las identidades o rostros de las víctimas, a fin de evitar situaciones de revictimización.

Cabe indicar que en 2024, la Defensoría del Pueblo dirigió una supervisión en 79 instituciones educativas que implementan el modelo de servicio educativo con residencia estudiantil, ubicadas mayormente en  regiones amazónicas, en las que se recogió hallazgos críticos vinculados mayormente a aspectos como infraestructura deficiente, falta de apoyo logístico y presupuestal, así como en el aspecto pedagógico. Además, la supervisión encontró que 16 instituciones educativas supervisadas reportaron 37 casos de estudiantes víctimas de violencia sexual; seis planteles reportaron 13 casos de violencia física y ocho locales dieron cuenta de un total de 17 estudiantes víctimas de violencia psicológica.

Para la Defensoría del Pueblo estos hechos no pueden quedar desapercibidos para la sociedad ni para el Estado. Por ello, continuará vigilante ante las acciones que se adopten para evitar que las presuntas agresiones cometidas contra la dignidad de las adolescentes queden impune.