Arequipa: recomendamos aprobar ordenanza contra discriminación en Paucarpata

- Durante reunión con alcalde distrital, ante denuncia de regidora de origen aymara
La Defensoría del Pueblo recomendó al alcalde del distrito arequipeño de Paucarpata, José Antonio Supo Condori, aprobar en el más breve plazo una ordenanza municipal que sancione cualquier acto de discriminación.
El pedido fue hecho por el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, durante la reunión que sostuvo con la autoridad edil tras conocerse el caso de una regidora de dicho distrito quien habría sido víctima de discriminación por su vestimenta de origen aymara.
El pasado 15 de agosto, en plenas fiestas de Arequipa, la regidora de la municipalidad distrital de Paucarpata, Bartola Gómez Chávez, denunció haber sido víctima de discriminación por parte de una trabajadora del área de relaciones públicas de dicha comuna, cuando la delegación del distrito se alistaba para participar en el corso por el aniversario de la ciudad. Según denunció la regidora, la trabajadora le habría llamado la atención de manera despectiva al presentarse con la indumentaria propia de la región Puno y no con blusa blanca, como se había acordado.
Al hacerse pública la denuncia, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa tomó contacto con la regidora Bartola Gómez para recoger su versión y manifestar su respaldo frente a la discriminación sufrida. Asimismo, se solicitó una reunión con el alcalde de Paucarpata, quien informó que se ha iniciado una investigación al interior del municipio cuyos resultados estarán listos en 30 días.
Tras la reunión, Manrique informó que la Defensoría del Pueblo hará llegar a la municipalidad de Paucarpata un proyecto de ordenanza municipal contra cualquier tipo de discriminación. “Hemos acordado también en que apoyaremos al alcalde a sustentar el proyecto ante el consejo municipal”, informó.
El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa rechazó la práctica de cualquier acto de discriminación ya sea por cuestión de raza, sexo, creencia religiosa o posición política. «La discriminación es un delito penado por ley hasta con tres años de cárcel y es un agravante si quien comete este delito es un servidor público» señaló.
Manrique informó también que, en lo que va del año, la sede de la Defensoría del Pueblo en Arequipa intervino en cuatro casos de discriminación. “De ellos, dos fueron por razones de raza y por cuestiones de género, mientras que hubo uno por nacionalidad”, precisó.
