Arequipa: UNSA aprueba recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para la eliminación de barreras de acceso a la educación superior de postulantes y estudiantes con discapacidad
Tras el pedido dirigido por la Defensoría del Pueblo, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) dispuso la conformación de una comisión especial encargada de revisar su normativa interna y proponer los ajustes institucionales necesarios para garantizar los derechos de estudiantes y postulantes con discapacidad en condiciones de igualdad.
La actuación defensorial se originó en abril de este año, cuando la Oficina Defensorial de Arequipa requirió formalmente al rector de la UNSA que explicara las razones por las que dos postulantes con discapacidad auditiva no contaron con intérpretes de lengua de señas durante el examen de admisión celebrado en marzo pasado. En los documentos remitidos, se precisó que la ausencia de este mecanismo de apoyo habría limitado el ejercicio de sus derechos, pese a que ambas postulantes se habían registrado previamente como personas con discapacidad, activando así la obligación institucional de proveer los ajustes razonables correspondientes.
Asimismo, en el mismo requerimiento, la jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, Andrea Sarayasi, instó a la universidad a adoptar medidas correctivas que aseguren, en futuros procesos de admisión, la provisión efectiva de ajustes razonables incluyendo intérpretes de lengua de señas así como la implementación de mecanismos institucionales permanentes de protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Como resultado directo de la intervención defensorial, la UNSA dio un paso significativo. Por un lado, reconoció formalmente que su último proceso de admisión tuvo una debilidad en el mecanismo de confirmación de postulantes con discapacidad e informó que se encuentra en proceso de corrección, asumiendo compromisos institucionales verificables como la creación de una comisión especial con el mandato de revisar procedimientos, rediseñar la publicidad de los procesos de admisión y proponer protocolos que aseguren la participación plena de las personas con discapacidad.
A ello se suma la implementación de un sistema de alerta inmediata que permitirá identificar en tiempo real a quienes se registren como personas con discapacidad, garantizando que ningún postulante quede invisible ante la institución.
Para la Defensoría del Pueblo, estos avances no son solo logros administrativos, son el reflejo de lo que ocurre cuando el Estado cumple su obligación de ver a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos. Cabe indicar que la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, es un mandato que las instituciones públicas y privadas tienen el deber de hacer cumplir, especialmente cuando se trata de quienes enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos. Por ello, la Oficina Defensorial de Arequipa mantendrá una vigilancia activa y sostenida sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la UNSA, porque detrás de cada medida institucional hay personas concretas cuyo futuro no puede seguir esperando.