Autoridades regionales y locales salientes deben garantizar servicios hasta fin de mandatos

Ante la próxima renovación de autoridades regionales y locales, la Defensoría del Pueblo recordó que las y los alcaldes salientes tienen la obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos de limpieza, gestión de residuos sólidos, seguridad ciudadana y serenazgo, así como de fiscalización y supervisión de condiciones de seguridad de edificaciones, así como el cumplimiento de las obligaciones laborales del personal municipal, hasta el final de sus mandatos, conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y otras normas de la materia.
En el marco de su rol de supervisión del cumplimiento de las obligaciones de la administración estatal, precisó que las autoridades cuyo mandato está por culminar tienen el deber de implementar planes e instrumentos de gestión, además de presupuestos y recursos humanos, para asegurar la prestación efectiva de los citados servicios, así como de reportar a las autoridades electas sobre sus logros de gestión, lo pendiente y la situación actual.
En contextos anteriores de renovación de autoridades regionales y locales, la Defensoría del Pueblo verificó el incumplimiento de estas obligaciones, lo que generó una afectación a los derechos fundamentales de la población a la salud, integridad, seguridad y a vivir en un ambiente saludable.
Por ello, es necesario que dichas autoridades pongan en marcha acciones que garanticen la continuidad de la prestación de los servicios de limpieza, recolección y transporte de residuos en sus jurisdicciones, además de la adecuada disposición de los mismos; organicen un servicio de serenazgo y seguridad ciudadana que garantice la protección y convivencia pacífica de los vecinos; y continúen con la labor de fiscalización de edificaciones para verificar que se cumplan los parámetros técnicos, legales y de seguridad respectivos.
Otra obligación de las citadas autoridades que cesan en sus cargos, es dirigir y ejecutar las acciones de transferencia de la administración local a las nuevas autoridades electas, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos por la Ley que regula la Transferencia de la Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales N° 30204 y la Directiva N° 08-2018-CGR/GTN. Debiendo emitir un Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia.
De esta forma, los y las gobernadores y burgomaestres salientes tienen hasta cinco días hábiles tras la proclamación de la autoridad electa para convocarla a la conformación e instalación de una comisión de transferencia. Culminado este proceso, se suscribe el acta de transferencia y, a más tardar en dos días hábiles, debe darse la instalación de la nueva autoridad.
La Defensoría del Pueblo detalló, además, que en este contexto de renovación de autoridades ha venido sosteniendo mesas de trabajo –quincenalmente- con diversas municipalidades de Lima Metropolitana, para recordarles sus obligaciones legales en materia de transferencia de gestión, ética en la función pública, prevención de la corrupción, entre otros temas.
