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Comisarías de Tambo y San Miguel no cumplen plazos para trámite de casos sobre violencia familiar

12:49 pm 03/12/2019

  • Defensoría del Pueblo realizó supervisión y advirtió que algunas denuncias por violencia familiar no recibían el trámite inmediato, establecido por ley.

Durante una supervisión a las comisarías de los distritos de Tambo y San Miguel, en la provincia de La Mar, un equipo de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho pudo verificar que algunas denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar no recibieron una adecuada atención policial y que el tiempo para tramitarlas excedió los plazos regulados, poniendo a las víctimas en situación de riesgo.

Al efectuar la revisión de las denuncias presentadas por violencia física y psicológica, se pudo advertir que en ocho de estas no se realizó una actuación policial inmediata. Es decir, no fueron remitidas en el plazo de 24 horas a la fiscalía de turno ni al juzgado de familia.

Ante los hechos advertidos, se exhortó a los comisarios de los distritos de Tambo y San Miguel a adoptar las medidas correctivas y disciplinarias, así como las acciones legales contra los policías que no tramitaron las denuncias en el plazo establecido.

Se recomendó también la implementación de un mapa gráfico y georeferencial de medidas de protección, instrumento que permite hacer el seguimiento de los domicilios donde residen las víctimas de violencia que han denunciado a sus agresores. Asimismo, la publicación del esquema de trámite de denuncias por violencia familiar, con el objeto de que la ciudadanía conozca el procedimiento.

La ley N° 30364 o ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, dispone que se debe actuar inmediatamente ante hechos de violencia contra niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad, por lo que toda denuncia interpuesta debe ser conducida con total celeridad, en salvaguarda de la víctima.

Según la norma, la Policía Nacional debe aplicar la ficha de valoración de riesgo y, en tanto se dicten y ejecuten las medidas de protección, en los casos de riesgo severo priorizar el patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio de la víctima o de sus familiares. Adicionalmente, se comunica los hechos al Centro Emergencia Mujer de la zona o al hogar de refugio temporal. Dentro de las 24 horas de conocido el hecho, la Policía remite lo actuado a la Fiscalía Penal y al Juzgado de Familia, a fin de que actúen en el marco de sus competencias.

En los últimos diez años, 57 mujeres víctimas de violencia física han fallecido y 65 se salvaron de morir en Ayacucho, lo que ubica a esta región entre las diez con mayores índices de violencia en el país. Además, en lo que va del año, existen más de 2500 denuncias por violencia contra la mujer.

Ante esta realidad, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar, recordó que la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial son las entidades encargadas de atender las denuncias por casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. “Para hacer una denuncia no hace falta llevar DNI, escritos o abogados, ni mostrar huellas visibles de violencia; y las comisarías deben atender estos casos de forma inmediata”, remarcó.