Corte Superior de Justicia de Arequipa debe garantizar el derecho a la identidad de género

A pesar de que en enero de 2018 el Segundo Juzgado Civil de Paucarpata, en Arequipa, autorizó el cambio de sexo de una persona trans en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y en su partida de nacimiento, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) apeló la sentencia emitida, lo cual afecta gravemente el ejercicio de su derecho a la identidad de género.
Ante ello, en el mes de junio, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe de Adjuntía Nº 002-2018-DP/ADHPD, ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con el objetivo de aportar argumentos jurídicos provenientes de tribunales e instancias internacionales así como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Derecho Comparado.
Entre otras cosas, el referido documento señala que la identidad es una cuestión tan personal que no puede ser impuesta por un particular o funcionario en el marco de un Estado Democrático de Derecho, pues ello contraviene los conceptos de libertad e igualdad inherentes a toda persona y contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Asimismo, hace hincapié en la obligación que tiene el Estado peruano de aprobar una Ley de Identidad de Género que establezca un procedimiento administrativo en el más breve plazo posible, no patologizante y respetuoso de la dignidad e intimidad de las personas trans, recomendación contenida en el Informe Defensorial 175 (2016).
Por otro lado, recordó que países como Argentina, Colombia México, Dinamarca, Irlanda y Noruega cuentan con leyes sobre la materia, y que su omisión legislativa propicia un clima de discriminación y violencia contra este sector de la población, tal como lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas.
Finamente, concluyó que es deber de la mencionada Sala realizar un análisis de las normas y prácticas que rigen el proceso de cambio de nombre y sexo en el Perú a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los estándares internacionales a fin de amparar la solicitud del demandante y confirmar la resolución judicial apelada.
Nota de Prensa N° 247/OCII/DP/2018
