Defensor del pueblo: Estado peruano podría incurrir en delito internacional si no cumple con sentencia en caso Azul Rojas

• Walter Gutiérrez exigió al titular del MINJUSDH emitir norma en la que se establezcan obligaciones, al vencerse plazo otorgado por la Corte IDH.

 

Al cumplirse, este 12 de marzo, el plazo máximo de dos años establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para la adopción de diversas medidas de reparación a favor de la comunidad LGBTI, como parte del fallo en el caso Azul Rojas Marín, la Defensoría del Pueblo advirtió que el Estado peruano continúa sin ejecutar dicha sentencia. En ese sentido, reiteró al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) la necesidad de que se apruebe la resolución en la que se precisen las responsabilidades de los organismos que deberán ejecutar cada una de las obligaciones.

 

Cabe señalar que, en diciembre último, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo alertó al MINJUSDH sobre la proximidad del vencimiento del plazo otorgado por la Corte IDH, sin embargo, han pasado tres meses y el Estado peruano continúa sin determinar qué entidades serán responsables de cada una de las disposiciones dadas por el órgano supranacional. Esta vez, el pedido fue dirigido por el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien sostuvo que el incumplimiento de las reparaciones dispuestas por la Corte IDH podría constituir un ilícito internacional.

 

En efecto, a través de un documento dirigido al titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso, el Defensor del Pueblo sostuvo que el incumplimiento de las obligaciones dispuestas hace dos años por la Corte IDH significa una negación del derecho de Rojas Marín de acceder a la justicia internacional y, consecuentemente, podría conducir a que el Estado peruano incurra en un nuevo ilícito internacional.

 

“Esta situación es particularmente preocupante dada la especial trascendencia que el caso de Azul Rojas Marín ha significado para la comunidad LGBTI en el Perú, sobre quienes la Corte ha reconocido que han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, las cuales, además, pueden constituir tortura”, sostuvo Gutiérrez en el documento remitido al titular del MINJUSDH.

 

Como se sabe, Azul Rojas Marín es una mujer trans que fue intervenida por efectivos policiales a inicios del 2008, quienes la trasladaron a la Comisaría de Casa Grande, en La Libertad, donde fue víctima de violencia física y sexual. Tras archivarse el caso en el sistema judicial peruano, este fue llevado a la Corte IDH, que el 12 de marzo de 2020 emitió una sentencia en la que determinó que Azul Rojas Marín fue torturada y, por tanto, ordenó al Estado peruano adoptar diversas medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el país.

 

Entre otras obligaciones, la Corte estableció un plazo de dos años para la adopción de un protocolo de investigación y administración de justicia en casos de personas LGBTI víctimas de violencia; así como la implementación de un plan de capacitación dirigido a miembros de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial y serenazgo, sobre el respeto de la orientación sexual y la expresión de género en las intervenciones a este sector de la población.

 

De otro lado, se estableció el plazo de un año para implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI; y la eliminación del indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los planes de seguridad ciudadana en todo el país.

 

No obstante, pese a que ya se vencieron todos los plazos establecidos, ninguna de las reparaciones ha sido implementadas. Ante ello, Gutiérrez resaltó la importancia de que se adopten medidas inmediatas, como forma de reivindicar los derechos de la población LGBTI. “La ejecución de las medidas dispuestas por la Corte IDH para el caso Azul Rojas Marín representará un hito fundamental en los esfuerzos estatales por atender el justo reclamo de la población LGBTI en nuestro país, que demanda una vida libre de discriminación, prejuicios y violencia”, subrayó.