Defensor del Pueblo pide a Ejecutivo y fiscalía priorizar lucha contra minería ilegal en el norte de Amazonas

• Falta de medidas y presupuesto afecta la vida e integridad de defensores indígenas y ambientales en la frontera con Ecuador.
• Las comunidades indígenas del El Cenepa se ven seriamente afectadas por destrucción ambiental de su territorio.

 El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, solicitó al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público atender con urgencia el problema de la minería ilegal en las provincias de Bagua y Condorcanqui, en el extremo norte del departamento de Amazonas. El pedido fue hecho ante el grave riesgo a la vida, la salud y la seguridad de la población de la zona, en especial de los pueblos indígenas awajún y wampis, por la presencia de actividades ilícitas como la minería ilegal, la cual viene generando grave contaminación al ambiente y afectación a los bosques y a la biodiversidad.

A través de oficios dirigidos a diversas autoridades, entre ellas a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el titular de la Defensoría del Pueblo precisó que esta grave situación ha sido alertada por la institución en diversas oportunidades. Asimismo, que ha sido denunciada por los pueblos indígenas de la zona y dirigentes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), lo que ha traído como consecuencia amenazas contra la vida e integridad de la población local y de las personas defensoras, por parte de mineros ilegales.

En ese sentido, se instó a la máxima autoridad del Ministerio Público a intensificar las acciones de interdicción contra la minería y tala ilegal en la zona, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), en especial en la parte central y baja de la cuenca del río Cenepa, donde se ubican los distritos de Nieva y Río Santiago, de la provincia de Condorcanqui; así como en el distrito de Imaza, de la provincia de Bagua, cumpliendo con rigurosidad las medidas sanitarias en atención al COVID-19.

En virtud a la magnitud del problema, Gutiérrez también se dirigió al Ministerio del Interior indicando que si bien se aprobó la prórroga de la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa, de la provincia de Condorcanqui, hasta el próximo 31 de julio de 2021, se advierte que ello no resulta suficiente. Por ello, se solicitó priorizar la implementación de mayores puestos de vigilancia y control, con el respectivo soporte de personal y logístico, en las áreas identificadas con mayor presencia de minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico.

Como parte del pedido, el Defensor del Pueblo remitió también un documento a Cancillería solicitando la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores como institución que encabeza el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Sinadif) y el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Conadif). Ello, con el fin de evaluar la implementación de estrategias aplicables en los espacios de la frontera Perú-Ecuador, especialmente en la zona de El Cenepa, que no solo consideren la erradicación de la minería ilegal, sino que, además, contemplen la promoción de actividades productivas que brinde una alternativa de trabajo contra las actividades ilegales.

Finalmente, al ser parte integral del problema, Gutiérrez Camacho solicitó al Ministerio de Energía y Minas proponer la incorporación de la cuenca del río Cenepa, Santiago, Nieva, Marañón y Tuyankuwas en las zonas priorizadas para la interdicción de la minería ilegal, previstas en la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal. Asimismo, se dirigió al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de requerir que se asignen los recursos necesarios para fortalecer las labores de interdicción.