Defensora del pueblo invoca al Gobierno a fortalecer sus mecanismos de diálogo para encarar la crisis política y gestionar de modo más eficiente la conflictividad social

• Institución alcanzó al Ejecutivo un balance sobre los problemas que aquejan al país.

 

La defensora del pueblo, Eliana Revollar, invocó al Gobierno central a fortalecer sus mecanismos de diálogo para atender oportunamente la grave crisis política que vive el país, debido al rechazo de la ciudadanía a sus autoridades, entre otros motivos, por los constantes conflictos entre los poderes del Estado y la prolongada desatención de sus demandas sociales.

A través de un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola, la institución expresa su preocupación por las diversas movilizaciones ciudadanas que se iniciaron desde el 7 de diciembre y los hechos de violencia que ocasionaron la muerte de 28 personas, 22 durante las movilizaciones y 6 por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos. Además, han resultado heridos 392 civiles y 290 policías. Para todos estos casos, corresponde al Ministerio Público proseguir con las investigaciones penales para conocer la verdad sobre estos hechos y determinar responsabilidades. Asimismo, se solicitó al Ejecutivo que se agilicen las acciones para determinar una reparación integral y oportuna para los familiares de las víctimas y que se adopten todas las medidas para que las fuerzas del orden hagan un uso adecuado de la fuerza y no se produzcan más fallecimientos en contexto de control del orden interno.

A continuación, se plantea que, ante la elevada conflictividad social en el país, es necesario que el Gobierno fortalezca su política de prevención y gestión de conflictos sociales. A noviembre del presente año, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales, se han identificado 221 conflictos sociales, la cifra más alta desde diciembre de 2013. Preocupa el alto número de protestas entre enero y noviembre del 2022, que llegaron a 3158, el 45.7 % más que el mismo periodo del año anterior.

Teniendo en cuenta que la crisis política y social actual repercute en la gestión de la conflictividad social y que el 66.5 % (107) de conflictos activos se encuentran en fase de diálogo, se requiere la reanudación de las reuniones para darle continuidad al tratamiento de sus agendas, especialmente en algunas zonas del país con conflictos arraigados. En este sentido, se propone la conformación de equipos de intervención permanente en el corredor minero (Apurímac y Cusco), y en la región Loreto, con la finalidad de conocer el estado real de cada conflicto, pero también los problemas comunes, desde una perspectiva territorial y de políticas públicas. Preocupa que casi la mitad de compromisos (45.7 %) asumidos en los procesos de diálogo no se haya cumplido y que no exista, a la fecha, un procedimiento para impulsar su cumplimiento y rendir cuentas a la ciudadanía.

En el último año y medio la lucha contra la corrupción -se indica- ha sufrido un importante revés, lo que ha incrementado la desconfianza ciudadana en las autoridades y el Estado de derecho, frente a ello, resulta impostergable hacer énfasis en la Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Se requiere garantizar la idoneidad de las/los funcionarias/os públicas/os designadas/os en cargos de confianza. Para mejorar las relaciones entre las autoridades y la ciudadanía, resulta indispensable erradicar la cultura del secreto, informando sobre aquellos ámbitos en los que puede haber duda o sospechas de actos de corrupción, como los ascensos de personal policial y militar, contrataciones en las instituciones públicas, la situación de investigaciones fiscales y judiciales de casos de corrupción, entre otros.

En el marco del balance que la Defensoría del Pueblo ha elaborado sobre los problemas que aquejan al país, resalta el clima hostil contra la prensa desde diversos sectores del Estado, lo cual propició una respuesta violenta contra ella, como se observó a propósito de la última crisis ocasionada por el golpe de Estado fallido del expresidente de la República. En ese sentido, es importante que se realicen las investigaciones correspondientes para que dichos actos no se vuelvan a repetir

También se resalta el grave problema de la violencia contra las mujeres, en sus diversas manifestaciones. Entre enero y noviembre de 2022 se registraron 10 610 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales solo 5123 fueron localizadas (48 % de los casos). También se advierten deficiencias en el acceso a la justicia, pues por falta de presupuesto solo se han implementado 8 de los 34 distritos judiciales del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ).

Llama la atención de la institución la protección integral y el bienestar de niñas, niños y adolescentes en todos los espacios en los que desarrollan sus vidas. Es fundamental adoptar medidas que permitan abordar la violencia hacia ellas y ellos, y, particularmente, la violencia sexual. Resulta preocupante que, de enero a noviembre del presente año, existan 18 452 casos de niñas niños y adolescentes violentadas/os sexualmente; de estos, 7549 han sido víctimas de violación sexual, siendo las niñas y adolescentes mujeres las principales afectadas (7096).

Otra problemática, expuesta en la comunicación enviada, es la relacionada al avance de la deforestación de la Amazonía y las actividades informales e ilícitas que la impulsan, como los cultivos ilícitos de coca, la construcción ilegal de carreteras, la minería informal e ilegal y el tráfico de tierras, las actividades agropecuarias en tierras no aptas para ello, así como los cultivos agroindustriales sin instrumentos de gestión ambiental. Solo en los últimos 20 años, el Perú ha perdido más de 2.6 millones de hectáreas de bosques.

Además, la Defensoría del Pueblo ha identificado al menos 14 casos de personas defensoras, mayoritariamente indígenas, que presuntamente perdieron la vida con motivo de la defensa de derechos, principalmente frente a actividades ilícitas, entre los años 2020 y 2022. Por ello, es impostergable fortalecer la gestión estatal en esta materia en forma articulada con el Ministerio Público y el Poder Judicial y no impulsar medidas que constituyan retrocesos en esta importante tarea.

En relación con los servicios públicos, se advierte la necesidad de implementar medidas adecuadas para promover el transporte público urbano de pasajeros y la mejora de la seguridad vial, cuya desatención ha generado 77 260 fallecidos y 1,13 millones de heridos en los últimos 25 años. La falta de mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado es fuente potencial de desastres y afectación de derechos fundamentales, como los aniegos en San Juan de Lurigancho – Lima (2019 y 2021). Siendo así, el Gobierno debe promover que las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento mantengan en buenas condiciones la infraestructura utilizada para la prestación de los servicios a su cargo.

En materia de salud, se observa que, pese a la evidente necesidad de reformar y mejorar el sistema de salud a nivel nacional, los avances a la fecha son escasos. El 77.78 % de los establecimientos de salud del primer nivel de atención presentan capacidad instalada inadecuada, debido a la precariedad de su infraestructura y equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente, además del déficit en cuanto a disponibilidad de este servicio en las comunidades indígenas. Estos problemas estructurales se replican en gran parte de los hospitales del sector, como se demuestra al advertir que el 51 % tienen brechas en infraestructura que impiden brindar prestaciones de servicios de salud en óptimas condiciones.

En el campo de la educación, se ha advertido el impacto que produjo la pandemia en el sistema educativo peruano, ampliando brechas existentes, como sucedió en los aprendizajes en estudiantes de ámbitos rurales y el acceso y permanencia. Según el Ministerio de Educación (Minedu), al mes de diciembre de 2021, uno de 4 estudiantes que cursó primaria en 2020 no había alcanzado las competencias esperadas; mientras que la proporción en secundaria fue de 4 de cada 10 estudiantes. Sumado a ello, en el 2022, se advirtió con mucha preocupación, medidas emitidas desde el Ejecutivo en perjuicio de la Educación Intercultural Bilingüe, afectando la implementación de esta política pública que atiende a más de un millón doscientos mil estudiantes indígenas a nivel nacional

Adicionalmente, el Perú mantiene un modelo educativo que segrega a niñas y niños con discapacidad severa y multidiscapacidad, quienes deben acceder necesariamente al sistema educativo a través de los centros de educación básica especial. Por su parte, niñas y niños con discapacidad leve o moderada tienen, legalmente, la posibilidad de acceder a escuelas regulares; sin embargo, el 80.26 % de dichas instituciones educativas no brindan todavía servicios a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.

En relación con la situación de la población migrante, es indispensable la adopción de políticas que permitan su plena inserción en la sociedad. Entre otros aspectos, se considera imprescindible que se eliminen los discursos y mensajes de las autoridades del Gobierno que asocian la migración, especialmente la irregular, como motivo de la inseguridad ciudadana; más aún si se difunden con la intención de implementar medidas discriminatorias.

Todas estos aspectos de la gestión estatal deben encontrar su sustento en el desarrollo de la Política Nacional de Derechos Humanos, y con ello asegurar que las intervenciones estatales de las diferentes instituciones garanticen el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas, en particular de los grupos en situación de vulnerabilidad, como son niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, personas LGBTI, personas en situación de movilidad, pueblos indígenas, personas adultas mayores, población afroperuana, entre otras.