Defensoría advierte riesgos en el proyecto de ley de reconstrucción

Defensoría advierte riesgos en el proyecto de ley de reconstrucción
- Defensor del Pueblo: “Necesidad de ser eficientes y ágiles en la reconstrucción debe estar orientada principalmente por un enfoque de derechos; lo más urgente es reestablecer los derechos y servicios públicos para las personas.”
A través un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dio a conocer la posición institucional de la Defensoría sobre el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, con el que se plantea la creación de una autoridad para la reconstrucción. En dicha comunicación se plantea la necesidad de que las acciones que se ejecutarán en el marco de la ley, que se busca aprobar, consideren principalmente un enfoque de protección de los derechos humanos, que asegure la adecuada y permanente prestación de servicios básicos como salud, educación y seguridad, en la medida que el proceso de reconstrucción física no se iniciará antes de ocho meses y tardaría, cuando menos, tres años, según lo informado por el propio gobierno.
“La necesidad de ser eficientes y ágiles en la reconstrucción debe estar orientada también por un enfoque de derechos que garantice que durante el tiempo que dure la reconstrucción, las familias tengan asegurada la prestación de servicios básicos; aspecto que el proyecto no recoge”; en tal sentido, es necesario que en el proceso de reconstrucción participen directamente sectores como Salud, Educación, Ambiente, e Inclusión Social”, añadió. En relación a la actuación de la PCM en el despliegue realizado en las regiones afectadas, el Defensor del Pueblo señaló que dicha labor ha sido muy importante, sin embargo, recalcó que en la siguiente etapa el proceso de reconstrucción demandará mayores esfuerzos que hagan posible la creación de institucionalidad en la gestión de desastres.
“La etapa que se viene, que será difícil para el Estado, debe ser vista como una oportunidad para crear un modelo permanente de respuesta a las emergencias; es una oportunidad para crear, capacidades y memoria institucional en lo relativo a la prevención y gestión de desastres. No podemos estar creando autoridades especiales cada vez que enfrentamos un desastre”, acotó el Defensor.
Por otra parte, añadió que el proyecto de ley carece de una mirada descentralizadora y regionalista, en la medida que los gobiernos subnacionales no forman parte de ninguna instancia en la que se planifique y decida la elaboración del plan, acotándolos a la ejecución que será determinada desde la autoridad. Esta situación no concilia con el texto constitucional que establece que el gobierno promueve la descentralización, ni con el principio de subsidiariedad.
De otro lado, en un contexto en el que estamos comprobando cómo la corrupción ha desbordado al Estado, el Defensor manifestó que genera especial preocupación la creación de un sistema especial de control donde la contraloría solo podría verificar aspectos legales y no técnicos de las contrataciones, y solo en una primera fase. “Comprendemos la necesidad de ser eficientes y ágiles, pero creemos que no se debe limitar la labor de la Contraloría, limitando el ejercicio de su autonomía institucional y la atribución de ejercer el control en cualquier etapa de los procesos de contratación”, enfatizó.
