Defensoría del Pueblo advierte afectación de los servicios de salud mental en Cusco debido a la pandemia por COVID-19
- A la fecha, la región cuenta con nueva centros de salud mental comunitarios y dos hogares protegidos.
El Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD) recomendó al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Dirección Regional (Diresa) del Cusco garantizar la accesibilidad y calidad de los servicios de atención en salud mental en los establecimientos de salud, supervisando su desarrollo en coordinación con las personas usuarias, sus familiares y organizaciones de personas con discapacidad de la región.
Entre los meses de junio a noviembre de 2020, el MICDPD ha supervisado el estado de los servicios de salud mental en Cusco, elaborando el informe “El derecho a la salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19: Alcances y limitaciones en el servicio prestado en la región de Cusco”. El documento, da cuenta de los avances, obstáculos y desafíos que se han presentado a fin de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de estos servicios, en el marco de la pandemia.
Para tal efecto, se supervisaron seis centros de salud mental comunitarios (CSMC), la Unidad de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones del Hospital Regional, así como el Hospital de Salud Mental San Juan Pablo II. También se recogió la percepción de las personas usuarias y sus familiares, a fin de contrastar de manera más cercana y objetiva los hallazgos de la supervisión.
Cabe precisar que, si bien otros tres CSMC y dos hogares protegidos fueron inaugurados a fines de diciembre de 2020 para cumplir con el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, el año pasado debió contar con seis de estos últimos.
Los resultados de la supervisión arrojaron que solo cuatro CSMC contaban con planes de atención en salud mental en el contexto de la pandemia por COVID-19 y otros dos tuvieron inconvenientes por falta de equipos de protección personal. Asimismo, no se apreció el uso de la lengua de señas, el Braille, formatos accesibles o alternativos ni tecnología adecuada a fin de garantizar la accesibilidad de la información y las comunicaciones hacia usuarias/os.
De otro lado, en el Hospital de Salud Mental San Juan Pablo II, 21 personas permanecían institucionalizadas y su egreso no habría sido posible por la falta de servicios médicos de apoyo en las redes de atención en salud mental. De igual modo, se constató que la información proporcionada a usuarias/os fue limitada con el objetivo de “salvaguardar su estado de salud mental”. Además, las hospitalizaciones de la Unidad de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones del Hospital Regional de Cusco fueron suspendidas desde el inicio de la pandemia hasta diciembre de 2020.
Ante ello, el MICDPD de la Defensoría del Pueblo también ha solicitado al Minsa y a la Diresa Cusco supervisar una articulación adecuada entre el Plan de Salud Mental en el contexto del COVID-19 – Perú 2020-2021, emitido anivel del sector salud y los planes de salud mental de los establecimientos que brindan este servicio en la región, así como implementar los centros de salud mental comunitario, hogares protegidos y asegurar el funcionamiento continuo de la Unidad de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones.