Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en atención de casos de violencia familiar los fines de semana

Tras feminicidio de Johana Seminario Sanjinez en Canoas de Punta SalTumbes: Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en atención de casos de violencia familiar los fines de semana
- La Oficina Defensorial de Tumbes detectó que en la Comisaría de Zorritos no aplican la ficha de valoración del riesgo en víctimas de violencia, ni brindan medidas de protección.
- Por ausencia de personal en los Juzgados de Familia, durante los fines de semana, los casos de violencia familiar deben esperar ser atendidos hasta el lunes.
La Defensoría del Pueblo advierte la falta de atención adecuada y oportuna de los casos de violencia contra las mujeres por parte de la Policía Nacional del Perú y de los Juzgados de Familia, tras la intervención realizada de oficio ante el feminicidio de Johana Victoria Seminario Sanjinez, cometido por su ex pareja, Johnny Joel Sunción Rodríguez el pasado domingo 10 de diciembre en el distrito de Canoas en Punta Sal.
De acuerdo al registro de la Comisaria de Zorritos, la víctima denunció a su ex pareja por violencia física y psicológica, durante las primeras horas del día sábado 9 de diciembre, solicitando a la vez garantías para su vida, debido a las amenazas de muerte que recibió por parte de Sunción Rodriguez.
Durante la intervención realizada por la Oficina Defensorial de Tumbes, se advirtió que no se aplicó la ficha de valoración de riesgo a la víctima, ni se realizaron las coordinaciones entre el personal policial saliente y entrante con la finalidad de dar cuenta del caso; tampoco se brindó el resguardo provisional hasta la emisión de las medidas de protección a favor de Johana Seminario.
Por su parte, personal de la mencionada dependencia policial informó que durante los días sábados y domingos el Juzgado Mixto Permanente no atiende las denuncias de casos de violencia familiar recibidos los fines de semana; situación por la cual los informes policiales no se presentan dentro del plazo de 24 horas establecidos legalmente, retrasando el dictado de las medidas de protección necesarias de manera inmediata para prevenir nuevos casos de feminicidio.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo recomendó al personal de la Policía Nacional del Perú, que cumpla con la aplicación de las fichas de valoración de riesgo en los casos de violencia, efectuar el resguardo provisional a las víctimas de violencia hasta el dictado de las medidas de protección que correspondan; así como disponer la comunicación y coordinación del servicio saliente y el de ingreso sobre los casos que requieran el seguimiento de atención.
Cabe destacar que la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo ha dirigido un oficio al Viceministro de Seguridad Pública, donde se le recomienda coordinar de manera inmediata con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y con el Ministerio Publico el inicio de una intensiva labor de capacitación a todo su personal sobre la adecuada aplicación de la mencionada ficha y, a su vez, diseñar un protocolo de actuación sobre las acciones que deben adoptarse en los casos donde la ficha dé como resultado un riesgo moderado o severo.
Asimismo, se ha solicitado a la Jefatura de la Región Policial Tumbes que los hechos de violencia familiar sean investigados con la debida diligencia y celeridad, con la finalidad de evitar que se repitan casos como el de Johana Seminario. También se recomendó disponer que el personal policial de las comisarías de Tumbes asista a la capacitación coordinada con la Corte Superior de Justicia de Tumbes, para intervenir en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Otra de las acciones adoptadas ha sido la coordinación con el jefe de la Odecma de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, para que se dispongan las medidas correctivas para la atención a las víctimas de violencia por parte de los Juzgados de Familia o los que hagan sus veces, durante los fines de semana y feriados.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda que ante cualquier denuncia que incluya una amenaza de muerte por parte del agresor, representa un nivel de riesgo severo para la víctima, ante lo cual la Policía Nacional debe intervenir de manera inmediata y remitir a la brevedad posible el informe policial al Juzgado de Familia de turno para la adopción de medidas de protección necesarias.
