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Defensoría del Pueblo advierte demoras de hasta tres años en trámites de grados y títulos en la UNDAC

10:29 am 09/10/2026

  • La demora en procedimientos administrativos afecta a egresados que necesitan acreditar su formación profesional para continuar estudios o acceder a oportunidades laborales.

La Defensoría del Pueblo continúa supervisando la atención de los servicios públicos en Pasco y, en este marco, interviene ante las demoras registradas en los trámites de grados de bachiller y títulos profesionales de egresados de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC). De acuerdo con los casos advertidos, algunos procedimientos permanecen pendientes durante varios meses y, en determinadas situaciones, llegan a extenderse hasta dos o tres años, un plazo que resulta excesivo para la atención de un trámite administrativo y que puede afectar el ejercicio de derechos fundamentales.

La demora no solo posterga la culminación formal de una etapa universitaria. Para las personas egresadas, contar con el grado o título constituye un requisito para acreditar su formación profesional ante empleadores, continuar estudios de especialización y acceder a determinadas oportunidades laborales. Por ello, la Defensoría del Pueblo advierte que la dilación injustificada de estos procedimientos puede convertirse en una barrera para el ejercicio efectivo del derecho al trabajo y para el acceso oportuno a los servicios vinculados con la educación superior.

La situación cobra especial relevancia considerando que la propia UNDAC establece que su Secretaría General tiene entre sus responsabilidades la tramitación y expedición de grados y títulos, bajo criterios de simplicidad, transparencia y celeridad. Además, en mayo de 2024, la universidad informó que más de 160 egresados recibieron sus grados de bachiller luego de trámites que, según la institución, fueron procesados en un mes mediante su sistema de grados y títulos.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo está requiriendo información sobre el estado de los expedientes pendientes y las medidas que se están adoptando para reducir los tiempos de atención. La institución recuerda que las entidades públicas deben garantizar que sus procedimientos se desarrollen dentro de plazos razonables y sin generar cargas innecesarias a la ciudadanía.

La Defensoría del Pueblo reafirma que seguirá supervisando la prestación de los servicios públicos y adoptando las acciones correspondientes cuando las demoras administrativas puedan traducirse en restricciones al ejercicio de derechos, especialmente cuando afectan las oportunidades educativas y laborales de las personas.