Defensoría del Pueblo advierte afectación a derechos de personas con discapacidad en último proceso de admisión a la UNFV

- No se habría respetado el porcentaje de vacantes que debe ser reservado para este grupo vulnerable.
- Además, en prospecto de admisión se habrían establecido los tipos de discapacidad que serían considerados por facultad, excluyendo a los demás.
La Defensoría del Pueblo recomendó a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) adoptar medidas ante la afectación a los derechos de los postulantes con discapacidad que habría ocurrido al no incluir el número mínimo de vacantes que debieron ser reservadas para dicha población, en el último proceso de admisión. Asimismo, por establecer requisitos administrativos que resultarían discriminatorios.
Así lo señaló la Oficina Defensorial de Lima tras advertir que, en el proceso de admisión del pasado 20 de abril, no se implementó la reserva del 5 % de vacantes por especialidad profesional para personas con discapacidad. Así, entre otras escuelas, se encuentra el caso del programa profesional de Medicina, que solo destinó una vacante para postulantes con discapacidad de un total de 97 plazas que fueron ofertadas pese a que, conforme con la normativa vigente, debió reservarse cuatro vacantes.
Otro caso que genera preocupación es la carrera de ingeniería civil, que reservó solo una vacante para postulantes con discapacidad de las 101 ofertadas; mientras que, en el caso de la carrera de odontología, se reservó la misma cantidad de un total de 108 vacantes. No obstante, el caso más crítico se observó en la facultad de Economía, que tuvo 144 vacantes disponibles pero solo habilitó una de ellas para postulantes con discapacidad, lo que no representó ni siquiera el 1 %.
La situación se torna aún más preocupante si se tiene en cuenta que la UNFV, en un anexo del prospecto de admisión, estableció los tipos únicos de discapacidades que podrían ser admitidas por facultades. Así, por ejemplo, para las facultades de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Electrónica e Informática, Ciencias Sociales, Ciencias Financieras y Contables, y de Medicina Humana, se admitió únicamente a postulantes con discapacidad que pudieran tener una deficiencia motora leve.
Por otra parte, se constató que la UNFV no cumplió lo previsto en materia de acreditación de la discapacidad en la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que establece que para ello tiene validez cualquier certificado de discapacidad. Por el contrario, la universidad exigió únicamente documentación relativa a la inscripción del postulante en el registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).
Cabe indicar que la problemática de la acreditación que enfrentan las personas con discapacidad en los procesos de admisión a nivel nacional, fue advertida el año pasado por la Defensoría del Pueblo, en calidad de Mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas de solución. Además, esta problemática también ha sido comunicada al propio Conadis y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
En esa línea, se exhortó a la UNFV a capacitar a los decanos, vicerrectores y personal de la universidad en el cumplimiento de la Ley 29973, en lo concerniente al respeto de la cuota de reserva de vacantes y el correcto procedimiento para acreditar la condición de discapacidad.
