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Defensoría del Pueblo advierte que el cobro de la TUUA de transferencia continúa afectando el derecho de los usuarios

12:52 pm 28/10/2026

  • A partir de las supervisiones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y de los Informes Defensoriales n.º 245 y n.º 251, la Defensoría del Pueblo ha advertido afectaciones al derecho de los usuarios, derivadas de la modificación del Contrato de Concesión suscrito entre el Estado peruano y Lima Airport Partners (LAP), mediante la Adenda N° 06, que impone una carga económica adicional a los pasajeros en conexión internacional y cuyos efectos continúan afectando a los usuarios.

La Defensoría del Pueblo advierte que el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez constituye una carga económica que viene siendo asumida por los pasajeros sujetos a esta tarifa, incrementando el costo total de sus viajes internacionales. Esta situación adquiere especial relevancia debido a que los usuarios continúan asumiendo pagos adicionales por servicios cuyos costos podrían encontrarse cubiertos mediante otros conceptos, sin que se haya esclarecido suficientemente la razonabilidad de dicha obligación económica y sus posibles repercusiones sobre el patrimonio del Estado.

Estas actuaciones ya habían sido advertidas por la Defensoría del Pueblo, mediante la supervisión y la emisión de los Informes Defensoriales n.º 245 y n.º 251. En estos informes se examinaron aspectos relacionados con la constitucionalidad, las implicancias económicas de la TUUA de transferencia internacional y la afectación a derechos fundamentales, entre otros aspectos.

Por ello, la Defensoría del Pueblo reafirma que la protección de los derechos de los usuarios, reconocida en el artículo 65° de la Constitución Política del Perú, exige que toda tarifa aeroportuaria responda a criterios de legalidad, razonabilidad, transparencia y sustento técnico suficiente. En tal sentido, las modificaciones de los contratos de concesión no deben convertirse en mecanismos que comprometan injustificadamente la economía de los usuarios, por lo cual los pasajeros no deben pagar cargas económicas que no estén debidamente justificadas, ni asumir las consecuencias de modificaciones contractuales cuya constitucionalidad, legalidad y sustento técnico están en cuestión.  

Considerando que el cobro seguirá generando efectos económicos mientras se mantenga vigente, la Defensoría del Pueblo presentó un escrito de amicus curiae ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, en el expediente n.º 19111-2025-0-1801-JR-DC-09, con aportes técnicos, jurídicos y constitucionales sustentados en nuestros informes defensoriales.

Finalmente, con pleno respeto a la independencia jurisdiccional, la Defensoría del Pueblo ha solicitado el uso de la palabra en la audiencia programada para este jueves 29 de octubre de 2026, a las 9:30 a. m., en defensa de los derechos de los usuarios y del interés público comprometido.