Defensoría del Pueblo advierte riesgo para la continuidad de la atención de salud del personal policial y sus familiares ante situación financiera de SALUDPOL

- Falta de pagos a prestadores y proveedores podrían estar afectando el acceso oportuno a medicamentos, tratamientos y otras prestaciones de salud de policías y sus derechohabientes.
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante la información difundida respecto de la situación financiera del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol) y sus posibles repercusiones sobre la continuidad de las prestaciones de salud que reciben los integrantes de la Policía Nacional, personal en situación de retiro y sus familiares derechohabientes.
De acuerdo con la noticia difundida públicamente, SaludPol mantendría obligaciones pendientes por prestaciones de salud y otros conceptos que alcanzarían montos significativos. Asimismo, se ha informado que existirían limitaciones de liquidez que podrían comprometer su capacidad para atender oportunamente obligaciones con establecimientos de salud, proveedores y otras entidades que participan en la atención de sus asegurados.
Especial preocupación genera la situación del Fondo de Bienestar Policial (FONBIEPOL), que constituye un mecanismo complementario para facilitar el acceso a medicamentos cuando estos no se encuentran disponibles en las farmacias de los establecimientos de salud de la Policía Nacional. Según data difundida, SaludPol mantendría una deuda cercana a los S/ 12 millones con dicha entidad, circunstancia que habría afectado su capacidad para continuar dispensando medicamentos prescritos a los asegurados.
Asimismo, un reciente reportaje periodístico ha señalado que SaludPol tendría obligaciones pendientes por aproximadamente S/ 78 millones vinculadas a atenciones médicas; y otras obligaciones acumuladas que superarían los S/ 700 millones. Del mismo modo, se ha informado que la entidad tendría una disponibilidad inmediata de recursos significativamente limitada; estos datos deberán ser esclarecidos y sustentados documentalmente por las autoridades responsables, precisando la naturaleza, antigüedad, exigibilidad y composición de dichas obligaciones.
Para la Defensoría del Pueblo, esta situación no puede analizarse únicamente como un problema contable, presupuestal o administrativo; ya que la sostenibilidad financiera de una institución administradora de fondos de aseguramiento en salud constituye una condición indispensable para garantizar que las personas aseguradas reciban oportunamente medicamentos, procedimientos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, atención especializada y tratamientos de continuidad.
SaludPol, en su condición de Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), tiene la responsabilidad de administrar los recursos destinados al aseguramiento y garantizar el financiamiento de las prestaciones contempladas en la cobertura de sus asegurados; por ello, eventuales problemas de liquidez, acumulación de obligaciones o retrasos en los pagos a prestadores no deben trasladarse a los pacientes ni convertirse en barreras para el ejercicio del derecho fundamental a la salud.
En ese contexto, la Defensoría considera indispensable determinar el impacto concreto que esta situación financiera viene generando sobre la continuidad asistencial; y para ello, se solicitará información respecto del número de asegurados que pudieran estar enfrentando dificultades para acceder a medicamentos, procedimientos médicos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, prestaciones de alta complejidad, cartas de garantía, referencias hacia establecimientos externos o reembolsos.
De manera especial, deberán identificarse posibles afectaciones a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, enfermedades raras o de alto costo, personas con discapacidad, niños, personas adultas mayores, gestantes y pacientes cuyos tratamientos no pueden ser interrumpidos sin poner en riesgo su salud o su vida.
Asimismo, corresponde al Ministerio del Interior, a SaludPol, a la Dirección de Sanidad Policial y demás entidades involucradas adoptar medidas coordinadas que garanticen la sostenibilidad del sistema y eviten que las controversias financieras o administrativas entre instituciones terminen siendo asumidas por los pacientes.
La Defensoría del Pueblo recuerda que una deuda entre entidades deja de ser únicamente un problema financiero cuando provoca que un paciente no reciba el medicamento prescrito, una clínica suspenda una atención, se retrase una cirugía o un tratamiento deba ser interrumpido.
En tal sentido, resulta indispensable que las autoridades informen públicamente cuáles son las acciones inmediatas y estructurales que serán adoptadas para garantizar la sostenibilidad financiera de SaludPol y la continuidad de las prestaciones de salud de la familia policial.
Los problemas financieros, presupuestales o administrativos del sistema no pueden trasladarse a los asegurados. El derecho a la salud exige garantizar prestaciones oportunas, continuas, integrales y de calidad.
