Defensoría del Pueblo alerta conflictos sociales y despliega acciones clave para prevenir crisis y proteger derechos de los ciudadanos en todo el país
La Defensoría del Pueblo publicó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 265, correspondiente a marzo de 2026, en el que se registran 193 conflictos sociales a nivel nacional (161 activos y 32 latentes), reafirmando su compromiso permanente con la defensa de los derechos ciudadanos y la gobernabilidad democrática.
Al cierre de marzo, de los conflictos activos, 98 se encuentran en fase de diálogo, 28 en desescalamiento, 18 en fase temprana, 17 en escalamiento y ninguno en crisis, lo que evidencia la efectividad de las acciones preventivas y de mediación impulsadas por la institución.
Asimismo, el documento da cuenta de 2 nuevos conflictos registrados en Piura e Ica, y de 1 conflicto reactivado en Loreto.
La difusión del informe se realizó mediante un mega despliegue institucional ejecutado durante la supervisión electoral nacional, que permitió garantizar la presencia defensorial en todas las provincias del país antes, durante y después del proceso electoral.
En cuanto a la distribución territorial, Loreto concentra el mayor número de conflictos (22 casos), seguido de Puno (21) y Áncash (17). Respecto a la tipología, los conflictos socio ambientales continúan siendo los más numerosos, con 98 casos (50.8%), de los cuales el 33.7% está vinculado a la actividad minera. Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno nacional (34 casos), gobierno local (17) y gobierno regional (15).
En el marco de su labor de mediación, la Defensoría del Pueblo reportó 11 casos activos durante marzo, logrando la resolución de 2 de ellos en Junín —en la Comunidad Nativa de Shonori y en el centro poblado Mariposa, distrito de Pampa Hermosa—, ambos relacionados con asuntos de gobierno local. Asimismo, se resolvió 1 conflicto en Huánuco vinculado al mantenimiento de carreteras en el distrito de Churubamba.
Del total de conflictos activos, 98 (60.9%) son atendidos mediante mecanismos de diálogo, de los cuales 60 corresponden a conflictos socio ambientales, lo que reafirma la apuesta institucional por soluciones pacíficas y sostenibles.
Durante marzo se registraron 222 acciones colectivas de protesta, destacando las movilizaciones relacionadas con el alza del precio del combustible y las protestas en el marco del conflicto de Marcona. Frente a ello, la Defensoría del Pueblo desplegó 292 actuaciones defensoriales, de las cuales 214 fueron acciones de supervisión preventiva y 68 de intermediación, contribuyendo a reducir riesgos y promover espacios de diálogo.
Asimismo, se reportó el fallecimiento de una persona y dos civiles heridos en el contexto del conflicto por la posesión de terrenos entre la inmobiliaria King Group y la empresa Shougang Hierro Perú, en el distrito de Marcona (Ica). Ante estos hechos, la Defensoría intervino directamente en la zona, exhortando a las autoridades al uso proporcional de la fuerza y supervisando el desarrollo del proceso de diálogo entre las partes.
En cumplimiento de su función de alerta y prevención, la institución emitió 2 alertas defensoriales de atención prioritaria dirigidas a entidades públicas y privadas, con el objetivo de que actúen de manera oportuna en el marco de sus competencias.
La Defensoría del Pueblo reafirma así su rol estratégico en la prevención, gestión y transformación de los conflictos sociales, promoviendo el diálogo, la legalidad y la protección efectiva de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional.
Para más información sobre el último Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a los siguientes enlaces:
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Lima, 29 de abril de 2026