Defensoría del Pueblo alerta que deficiente control y fiscalización de explosivos fomenta mercado negro que abastece a actividades ilegales y redes criminales

Como parte de las acciones que se desarrollan para hacer seguimiento a la labor del Estado frente al aumento de la criminalidad y su vínculo con determinadas actividades ilícitas, la Defensoría del Pueblo organizó una reunión de trabajo con representantes de distinto sectores en la que se evidenció que, a pesar de los múltiples esfuerzos, las actuales medidas resultan insuficientes para un efectivo control del uso ilegal de explosivos en actividades mineras y su empleo por organizaciones criminales.

Como se sabe, si bien el Perú cuenta con normativa y planes de acción para el control y fiscalización de explosivos, estos no se implementan de manera eficiente y estratégica, lo que ha propiciado la existencia de un mercado negro que abastece actividades ilegales y a la delincuencia común dedicada a la extorsión en todo el país. Según informes de la Policía Nacional del Perú, en ciudades como Lima el uso de dinamita por extorsionadores aumentó 25 % solo en el primer mes de 2025.

En otras regiones del país, en mayo la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) destruyó cerca de 4 toneladas de explosivos en Apurímac; mientras que en agosto fueron incautadas más de 17 mil unidades de explosivos valorizados en aproximadamente 420 mil soles, en la ruta Conima – Moho, en Puno. A ello debe sumarse el crimen de 13 de trabajadores mineros en la localidad de Pataz, en la zona andina de la región La Libertad.

Durante la reunión multisectorial, que estuvo liderada por el defensor del pueblo y las adjuntías especializadas, se identificaron serias limitaciones para el control de estos insumos. La Sucamec expuso algunas limitaciones como la falta de personal y recursos suficientes para operativos sostenidos y control del registro de estos insumos. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reportaron no tener el presupuesto ni la capacidad operativa para el control y tráfico de explosivos a nivel nacional.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de sus competencias, cumple un rol clave en la incautación, transporte y custodia de explosivos ilegales, actuando como primera línea en operativos contra la minería ilegal, el contrabando y la delincuencia organizada. No obstante, enfrenta serias limitaciones logísticas para el manejo seguro de estos materiales peligrosos, dado que requieren transporte y almacenamiento especializados, lo que incrementa los riesgos operativos y la exposición del personal policial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó la importancia de reforzar la cooperación internacional para prevenir el ingreso ilícito de explosivos y otros insumos desde países vecinos y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que, en materia penal, actualmente solo se sanciona la explotación minera ilegal, dejando fuera del alcance punitivo otros eslabones de la cadena, como el transporte, almacenamiento y comercialización de minerales de procedencia ilegal. Finalmente, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental alertó sobre la falta de infraestructura segura para almacenar explosivos incautados, incrementando los riesgos operativos y de seguridad de los funcionarios en sus intervenciones.

Para la Defensoría del Pueblo, la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado requiere una acción coordinada, integral y multisectorial, por lo que resulta imprescindible fortalecer el marco normativo y las labores de inteligencia, monitoreo y sanción para desarticular las organizaciones criminales que usan explosivos para extorsión y otros delitos.

En ese sentido, la reunión concluyó con un llamado a las autoridades a cerrar los vacíos legales y operativos que facilitan el acceso ilícito a explosivos, reforzar el control en zonas críticas y fronterizas, así como a fortalecer la cooperación internacional y las acciones de inteligencia para bloquear las rutas ilegales de explosivos y, de esa manera, proteger la vida, el medio ambiente y la seguridad ciudadana en nuestro país.