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Defensoría del Pueblo alerta sobre la gravedad de los efectos de las lluvias en diversas regiones y reitera la necesidad de articular intervenciones multisectoriales para enfrentar las emergencias y desastres

9:20 am 21/02/2026

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional, supervisó la actuación de los gobiernos locales, regionales y entidades del gobierno nacional en el cumplimiento de la Ley N.º 29664, que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Esta supervisión, realizada ante las lluvias intensas y eventos asociados, buscó garantizar una intervención coordinada y efectiva en la atención de la emergencia, la protección de las personas damnificadas y afectadas, y la implementación de acciones de mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación en las regiones más impactadas: Arequipa, Piura, Tumbes, La Libertad e Ica.

En Piura, los distritos de Matanza, Las Lomas, Lancones y Chulucanas presentan afectaciones significativas. En Matanza se registran 15 personas damnificadas y 185 afectadas, con un 60 % de avance en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). En los demás distritos, la evaluación de daños y la identificación de personas afectadas continúan en proceso, lo que retrasa la atención oportuna de la emergencia.

En La Libertad, el distrito de Ascope reporta 40 familias damnificadas, mientras que en Chicama se registraron daños en aproximadamente 10 hectáreas de cultivo, estructuras de protección y un dique roto, además de afectaciones a servicios públicos, incrementando el riesgo para la población.

En Ica, los huaicos bloquearon vías nacionales, especialmente en el distrito de Ocucaje (km 337 de la Panamericana Sur, tramo Ica–Nasca), generando restricciones de tránsito y riesgos para la población. La evaluación de daños en Nasca y Ocucaje sigue en proceso, sin información consolidada sobre las afectaciones.

En Arequipa, las lluvias y el colapso de torrenteras afectaron distritos como Yanahuara, Cayma, Paucarpata, Sachaca, Cerro Colorado, Cercado y José Luis Bustamante y Rivero. Se constataron daños graves en viviendas e infraestructura pública y privada, interrupciones en servicios de agua y electricidad, afectaciones en establecimientos de salud y la inundación de la Universidad Continental, donde estudiantes quedaron temporalmente atrapados y se suspendieron clases presenciales. Además, se registró el fallecimiento de una persona y miles de usuarios afectados por cortes eléctricos. Durante la supervisión, se evidenciaron demoras en la consolidación de información, limitaciones en la coordinación interinstitucional y falta de planificación para la gestión de escombros y mantenimiento preventivo de infraestructura crítica, lo que ralentizó la respuesta frente a la emergencia.

En Tumbes, las lluvias intensas afectaron a 1,366 personas. Se reportaron 44 fichas EDAN, pero aún no se había iniciado la entrega de ayuda humanitaria, evidenciando retrasos en la atención. Asimismo, la gestión municipal mostró deficiencias en coordinación, distribución de ayuda y acciones de respuesta inmediata, limitando la efectividad de la asistencia y aumentando el riesgo para la población afectada.

En todas las regiones mencionadas, se ha identificado un aumento de personas damnificadas y afectadas en situación de vulnerabilidad, incluyendo niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres gestantes. El riesgo de movimientos en masa, inundaciones y huaicos continúa siendo alto en diversas zonas.

En el departamento de Lima, la supervisión de las quebradas evidenció acciones diferenciadas entre municipios. En la quebrada 9 de octubre (límite entre Ricardo Palma y Chosica), la Municipalidad de Ricardo Palma ha destacado por su intervención proactiva, implementando un dique con apoyo de la Autoridad Local del Agua y utilizando maquinaria pesada para reducir riesgos y proteger a la población.

Por su parte, en la quebrada Quirio (Lurigancho-Chosica) la Municipalidad de Chosica aún no ha realizado los trabajos de protección ni reforzamiento necesarios, a pesar de su obligación legal de implementar medidas de prevención y mitigación frente a lluvias intensas, lo que incrementa la vulnerabilidad de las zonas aledañas.

Estas diferencias ilustran cómo la capacidad de respuesta, la planificación y la proactividad municipal pueden marcar la diferencia entre un territorio protegido y uno expuesto a riesgos significativos. Mientras Ricardo Palma ha mostrado acción concreta, Lurigancho – Chosica enfrenta un desafío pendiente que requiere atención inmediata para evitar tragedias humanas y materiales.

Dentro de este contexto y a fin de mitigar los efectos de las lluvias intensas y prevenir mayores daños y ante la llegada del Fenómeno “El Niño”, previsto para los meses de marzo a diciembre, de acuerdo al Comunicado del ENFEN N° 03- 2026, y ante los escenarios de riesgo formulados por el CENEPRED en diversas zonas del país, la Defensoría del Pueblo insta a los Gobiernos Regionales y Locales a implementar con urgencia las siguientes acciones:

  • Fortalecer los sistemas alertas sobre peligros ante lluvias intensas, inundaciones, crecidas de ríos y activación de quebradas, en base a los boletines de alerta de peligro y, avisos meteorológicos de SENAMHI, entre otras entidades técnico científicas.
  • Desarrollar un sistema de comunicación para informar a la población sobre los riesgos existentes y adoptar las medidas de respuesta óptima, a través de los medios de comunicación y difusión como: prensa, radio y televisión, así como de teléfonos, radios.
  • Priorizar zonas de intervención teniendo en cuenta los escenarios de riesgo elaborados por el CENEPRED, así como los puntos críticos inundables determinados por las Autoridad Nacional del Agua y sus oficinas desconcentradas.
  • Constituir y mantener en sesión permanente los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, así como sus Plataformas de Defensa Civil, a fin de implementar de manera efectiva las actividades, planes, instrumentos técnicos de gestión de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.
  • Priorizar la asignación y ejecución del presupuesto a través del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, para la ejecución de acciones destinadas a la prevención y atención de las emergencias y desastres, con énfasis en la asistencia humanitaria de las personas damnificadas y afectadas.
  • Priorizar la descolmatación de ríos y quebradas en los puntos críticos identificados, garantizando la limpieza de cauces y la remoción de sedimentos y escombros para prevenir desbordes, inundaciones y riesgos para la población.
  • Realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), así como efectuar el empadronamiento de las personas damnificadas y afectadas, e identificar de manera oportuna los daños a la infraestructura y a los servicios básicos. En caso de que las municipalidades no cuenten con personal suficiente para el desarrollo de estas acciones, podrán solicitar el apoyo del gobierno regional correspondiente.
  • Garantizar la operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia Local las 24 horas del día, así como su articulación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), y la ejecución del Plan de Gestión Reactiva.
  • Actualización de los mapas de zonas de riesgo, especialmente en áreas con alta vulnerabilidad a inundaciones y movimientos en masa. Se debe fortalecer la capacidad operativa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) a fin de garantizar respuestas rápidas y efectivas.
  • Garantizar la operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia Local las 24 horas del día, así como su articulación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), y la ejecución del Plan de Gestión Reactiva.

La Defensoría del Pueblo recuerda que la Ley N.º 29664 establece la obligación de los gobiernos regionales y locales de implementar de manera efectiva los procesos de gestión del riesgo de desastres, con el fin de prevenir, reducir y enfrentar adecuadamente las emergencias y desastres, en protección de la vida de la población y sus medios de subsistencia.