Defensoría del Pueblo articula intervención estatal para garantizar derechos de tres personas con discapacidad severa en Villa El Salvador

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales y de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal, articuló una intervención interinstitucional orientada a restituir y garantizar los derechos de tres hermanos de 35, 45 y 47 años, personas con discapacidad severa vinculada a salud mental, quienes se encontraban en una situación de presunto abandono material, sin acceso oportuno a servicios de salud y, en dos de los casos, sin Documento Nacional de Identidad.
La situación fue advertida a partir de una alerta emitida por el Centro de Salud Mental Comunitario Villa El Salvador – Programa en Calle, del Ministerio de Salud, que identificó condiciones de alta vulnerabilidad en una vivienda ubicada en el Sector 6 del distrito. Ante ello, un equipo integrado por el Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, el equipo móvil de salud mental y efectivos de la Policía Nacional del Perú acudió al lugar, a fin de verificar las condiciones de vida de las tres personas y activar una respuesta institucional inmediata.
Como resultado de la intervención, las instituciones involucradas pusieron el caso en conocimiento del Centro Emergencia Mujer de Villa El Salvador, del Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el objetivo de coordinar acciones de protección y definir responsabilidades institucionales. Entre las medidas acordadas se encuentra la presentación ante el Poder Judicial de una demanda de designación de apoyos y salvaguardias, mecanismo previsto en el Código Civil para garantizar que las personas con discapacidad cuenten con asistencia para el ejercicio de sus derechos, sin que ello implique sustituir indebidamente su voluntad.
Esta medida resulta especialmente relevante en casos de alta vulnerabilidad, pues permite que las personas con discapacidad reciban acompañamiento y protección jurídica, social y sanitaria, asegurando que sus decisiones, necesidades y derechos sean considerados por las instituciones competentes.
Asimismo, se coordinó que el Centro de Salud Mental Comunitario garantice la continuidad de la atención médica y el seguimiento especializado; que el Centro Emergencia Mujer y la Defensoría del Pueblo realicen el acompañamiento correspondiente durante los primeros meses; y que se convoque a la Dirección de Personas Adultas Mayores y al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, considerando que la madre de los tres ciudadanos es una persona adulta mayor que también requiere acompañamiento y protección.
Este caso demuestra que ninguna institución puede actuar de manera aislada frente a situaciones de alta complejidad y vulnerabilidad; y que cuando el Estado articula salud, protección social, seguridad y justicia, es posible llegar oportunamente a donde antes existía abandono y desprotección.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de promover respuestas estatales oportunas, humanas y sostenidas en favor de las personas con discapacidad, especialmente cuando se encuentran en situación de abandono, pobreza, falta de documentación, ausencia de redes de apoyo o barreras para acceder a servicios públicos esenciales.
Finalmente, se destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de detección temprana, intervención comunitaria y articulación intersectorial, a fin de que casos de alta vulnerabilidad no permanezcan invisibles y reciban una respuesta efectiva del Estado, conforme a los principios de dignidad, autonomía, igualdad y no discriminación.
