Defensoría del Pueblo articula intervención interinstitucional para garantizar atención en salud mental a ciudadana migrante en situación de calle

- Intervención defensorial permitió articular a los servicios de salud, protección frente a la violencia, atención prehospitalaria y seguridad para facilitar el acceso oportuno a atención especializada. La institución continuará supervisando la continuidad del cuidado, la protección social y la atención de su situación migratoria.
La Defensoría del Pueblo articuló la intervención de diversas entidades del Estado para garantizar el acceso oportuno a servicios de salud mental de una ciudadana venezolana que se encontraba en situación de calle en el Callao, con una condición de salud mental y en un contexto de especial vulnerabilidad social y sanitaria.
Ante la necesidad de una respuesta inmediata e integral, la institución coordinó acciones con la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte, el Centro Emergencia Mujer (CEM) Callao, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y la Policía Nacional del Perú, orientadas a superar las barreras que impedían que la ciudadana accediera efectivamente a la atención que requería.
En su calidad de Mecanismo Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), la Defensoría del Pueblo realizó el seguimiento y la articulación interinstitucional correspondiente, promoviendo una respuesta estatal respetuosa de la dignidad, autonomía, voluntad y derechos de la persona. La Institución ejerce esta función en virtud del artículo 86 de la Ley N.° 29973 y del artículo 33.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Como resultado de las acciones desplegadas por las entidades intervinientes, se concretó el traslado de la ciudadana a la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, a fin de que pueda recibir la atención especializada correspondiente.
Previamente, el 7° Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia del Callao había adoptado una medida orientada a garantizar su atención, sobre la base de las evaluaciones médica, psicológica y social realizadas por los servicios competentes y presentadas ante el órgano jurisdiccional por el CEM Callao.
La actuación desarrollada debe ser entendida desde un enfoque de derechos humanos y no únicamente asistencial; es así que, la existencia de una condición de salud mental no anula la capacidad jurídica ni la autonomía de una persona, por ello, las intervenciones sanitarias deben respetar su dignidad, voluntad y preferencias, brindar información comprensible y considerar los apoyos que puedan requerirse para la toma de decisiones. Precisamente, el MICDPD tiene entre sus líneas de actuación la defensa de la autonomía individual, la capacidad jurídica y el consentimiento informado de las personas con discapacidad.
Asimismo, la atención en salud mental no debe limitarse a resolver una situación aguda; ya que la Ley N.° 30947, Ley de Salud Mental, establece un marco orientado al acceso a servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, bajo un modelo de atención que debe favorecer la continuidad del cuidado y la inclusión de la persona en la comunidad.
En ese sentido, para la Defensoría del Pueblo será fundamental que, una vez alcanzada la estabilización clínica, las entidades competentes garanticen la continuidad del tratamiento, el seguimiento desde los servicios de salud mental comunitaria y la identificación de una red de apoyo social e institucional, evitando que la persona vuelva a quedar expuesta a condiciones que pongan en riesgo su salud, integridad o dignidad.
La condición migratoria tampoco debe convertirse en una barrera para la protección de derechos fundamentales; por ello, se realizará las coordinaciones necesarias para que la ciudadana reciba orientación y asistencia respecto de su situación migratoria y pueda acceder a información clara, comprensible y accesible sobre los procedimientos que correspondan.
El Poder Judicial ha puesto también el caso en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Migraciones; y la Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento correspondiente y espera que el caso sea atendido con la debida diligencia, considerando la situación de especial vulnerabilidad de la ciudadana y garantizando el respeto de sus derechos durante cualquier procedimiento administrativo.
Para nuestra entidad, las personas en situación de calle que presentan condiciones de salud mental requieren una respuesta integral del Estado; es así que, salud, protección social, justicia, seguridad y autoridades migratorias deben actuar de manera coordinada, evitando intervenciones fragmentadas que terminen trasladando a la propia persona la responsabilidad de superar las barreras existentes entre las instituciones públicas.
La institución continuará supervisando el caso para contribuir a garantizar no solo la atención inmediata, sino también la continuidad del cuidado en salud mental, el acceso a protección social y el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación, conforme a la Ley de Salud Mental y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
