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Defensoría del Pueblo: autoridades de Tacna deben mejorar políticas y servicios a favor de personas con discapacidad

12:37 pm 30/11/2021

  • Se presentaron resultados de supervisiones a los sectores salud, educación y acceso al mercado laboral.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno central y Gobierno Regional de Tacna para superar la falta de articulación que existe en el registro de las personas con discapacidad, a nivel de las instituciones del Estado. Según el Censo Nacional de 2017, en Tacna viven más de 38 000 personas con alguna discapacidad, no obstante, a octubre de 2019, la cifra de personas con certificados de discapacidad registradas en la base de datos del Ministerio de Salud era de solo 1129 casos, es decir el 2,97 %. De otra parte, a septiembre último solo 3493 personas habían sido registradas en el Conadis. Esta situación se agrava con el débil registro que llevan las Omaped y Oredis de la región.

Esta invocación forma parte de los informes “Alcances sobre la situación de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos en Tacna” y “El derecho a la salud mental en el contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 en Tacna”, presentados hoy y que contienen los resultados de las supervisiones que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo, desde el último trimestre de 2019 hasta la actualidad en esta región, vinculados principalmente a los derechos a la educación, salud y empleo de las personas con discapacidad, así como a la atención prestada en los servicios de salud mental en el contexto de la pandemia.

Tras analizarse los documentos de planeamiento estratégico con que cuenta el Gobierno Regional de Tacna, se pudo evidenciar la falta de implementación de un enfoque de discapacidad en los objetivos, acciones e indicadores. Si bien se revelan esfuerzos en el ámbito de la salud, algunas metas resultan insuficientes. Preocupa también que, en el ámbito de la educación, las actividades propuestas no promuevan una educación inclusiva. Al respecto, la Defensoría del Pueblo identificó que, de un total de 10 314 personas con discapacidad en edad escolar, hasta 29 años, a junio de 2020 solo 1052 eran estudiantes, existiendo una brecha del 90 % en lo que respecta al acceso al sistema educativo.

En el aspecto laboral, de acuerdo a la percepción de la población con discapacidad de la región, la brecha en este sector estaría asociada a que la oferta laboral exige perfiles muy exigentes, los mismos que no alcanzan a ser cubiertos en la mayoría de casos debido a la falta de programas de empleabilidad dirigidos a dicho grupo poblacional.

En lo que concierne a las dificultades identificadas en los servicios de salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresó la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la prevención de afectaciones a la salud mental en Tacna, así como a la implementación de servicios, en particular, más hogares y residencias protegidas.

De otro lado, se pidió a las autoridades regionales establecer a la brevedad un comité de desinstitucionalización y garantizar el tránsito a un sistema de atención en salud mental comunitario de un total de 20 personas que permanecen desde hace 11 años en la Unidad de Larga Estadía San Ramón, en el distrito de Calana.

La presentación de ambos informes estuvo a cargo del jefe de la Oficina Defensorial de Tacna, Edward Vargas, quien estuvo acompañado del adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, Percy Castillo; y de la jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda. Asimismo, estuvieron presentes el gerente general del Gobierno Regional de Tacna, Juan Manuel Canepa Yzaga; el titular de la Dirección Regional de Salud, Oscar Galdós Rodríguez; y Wilson Silva Alarcón, presidente de la Asociación de Personas Sordas de Tacna, entre representantes de otras instituciones.